El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, defendió la implementación de una tarifa especial para industrias convergentes. Este marco abarca sectores de inteligencia artificial, computación y almacenamiento de datos en nubes. El funcionario calificó estos decretos como una oportunidad histórica para el desarrollo nacional. Según su postura, la medida responde a una planificación estratégica y no a una improvisación gubernamental.
La autoridad económica descartó categóricamente la existencia de subsidios para estas empresas tecnológicas. Giménez detalló que las tarifas fijadas se sitúan en USD 30 y USD 38 por megavatio hora. En contraste, el costo promedio de generación es de USD 27,56. Al sumar los costos de transmisión, el valor final se mantiene por debajo de los USD 29. Por lo tanto, los precios establecidos garantizan rentabilidad para el Estado.
Rentabilidad y competitividad del marco energético
El titular del MIC señaló que estas políticas buscan otorgar competitividad internacional al Paraguay. Manifestó que anteriormente el país se veía obligado a ceder energía por falta de políticas de inversión. Ahora, el Gobierno toma pasos concretos para desarrollar industrias electrointensivas dentro del territorio. Esta visión pretende utilizar el excedente energético como un motor real de crecimiento industrial.
Giménez explicó que la demanda de estos proyectos es manejable para el sistema eléctrico. Un centro de datos de 100 MW representa solo el 2% de la demanda máxima nacional. La semana pasada, el consumo país alcanzó un pico de 5.752 MW. En consecuencia, la instalación de estas industrias no compromete la seguridad del suministro eléctrico paraguayo. Además, la ANDE conserva la autoridad para decidir sobre la firma de contratos según su disponibilidad.
Impacto de los nuevos decretos nacionales
El Poder Ejecutivo emitió dos normativas clave para estructurar esta nueva política de Estado:
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Decreto N° 5306: Crea la figura de Industrias Convergentes y define su marco tarifario especial.
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Decreto N° 5307: Regula las iniciativas de Energía a X (Power to X) para transformar recursos renovables.
Estos instrumentos legales permiten usar la energía como herramienta de desarrollo y empleo calificado. El ministro subrayó que el salto estratégico atraerá inversiones históricas en tecnología avanzada. Sin embargo, la Administración Nacional de Electricidad mantiene la última palabra sobre el abastecimiento. Si la estatal considera insuficiente la energía, simplemente no suscribirá los acuerdos con los interesados.
A pesar de los argumentos oficiales, sectores sindicales y expertos energéticos manifestaron su rechazo. El Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) cuestionó los valores de las tarifas. Adolfo Villalba, secretario general del gremio, calificó la medida como inaceptable para los intereses nacionales. El vocero sindical argumentó que estos precios preferenciales podrían perjudicar el desarrollo de otras industrias locales tradicionales.
Debido a estas discrepancias, el gremio Sitrande anunció acciones legales contra la normativa vigente. Presentarán una denuncia formal ante la Contraloría General de la República este jueves. Villalba advirtió que garantizar estos volúmenes de energía a tales precios carece de sentido lógico. El sindicato considera que el decreto es un atrevimiento que compromete recursos estratégicos del país.
Finalmente, el Gobierno sostiene que la diversificación económica requiere incentivos claros para sectores de vanguardia. La transición hacia una economía digital depende de la capacidad de atraer infraestructura de alta tecnología. El ministro Giménez reiteró que la meta es transformar el excedente energético en riqueza local tangible. Por ahora, el debate técnico y político sobre el costo de la energía continúa en la agenda pública.
Fuente: Última Hora
