La Cámara de Diputados fue convocada a una sesión extraordinaria para este jueves, a las 08:30, con el fin de analizar un proyecto de modificación de la Caja Parlamentaria. La iniciativa estaba sin tratamiento desde hace tiempo y será debatida horas antes de otra sesión extra, prevista para las 10:00, en la que se estudiará la reforma de la Caja Fiscal.
Según legisladores opositores, el texto no elimina los principales privilegios del régimen conocido como “jubilación vip” y podría generar nuevos desequilibrios.
Contexto de la noticia
El llamado a sesión fue emitido por el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, senador Colym Soroka (ANR, independiente), tras una solicitud firmada por 20 diputados de distintos sectores.
El diputado independiente Raúl Benítez calificó el proyecto que se pretende usar como base para la reforma de la Caja Parlamentaria con términos muy críticos y recordó que, junto con la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), presentó una propuesta alternativa para suprimir el esquema privilegiado de jubilación de los parlamentarios.
Entre los puntos que generan mayor cuestionamiento, Benítez mencionó la intención de incorporar a 3.436 funcionarios permanentes del Congreso a la Caja Parlamentaria. De ese total, 799 pertenecen al Congreso, 983 al Senado y 1.654 a la Cámara de Diputados.
El opositor señaló que esta ampliación se plantea sin la presentación de un estudio de impacto financiero ni de un cálculo actuarial que permita evaluar la sostenibilidad del sistema. Recordó además que la Caja Parlamentaria cuenta este año con una asignación de alrededor de G. 4.500 millones de recursos del Tesoro.
Las reformas en realidad son contraproducentes
Según cálculos extraoficiales citados por el legislador, con la incorporación de todos los funcionarios el volumen de fondos administrados podría llegar a unos G. 66.027 millones al año. Benítez advirtió que ello implicaría un aumento significativo de los recursos bajo control de los actuales administradores.
Afirmó que el proyecto también prevé que los salarios de los funcionarios de la Caja Parlamentaria sean cubiertos por el conjunto de los contribuyentes. Para el diputado, la propuesta no corrige las diferencias con el régimen previsional del resto de los trabajadores.
El esquema mantiene, por ejemplo, la posibilidad de que los legisladores se jubilen con 10 a 15 años de aporte y 55 años de edad, mientras que en el Instituto de Previsión Social (IPS) se exigen 60 años y 25 años de aporte para un retiro ordinario.
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Con la reforma, a los parlamentarios se les descontaría el 24 % de su dieta, hoy de G. 37.900.000, en tanto que a los docentes se les pretende aplicar un descuento del 24,5 % de sus salarios (19 % de aporte más 5,5 % para el fondo de salud del IPS), pese a contar con ingresos sensiblemente menores.
El proyecto también mantiene la pensión vitalicia para herederos, con la novedad de que comenzaría a cobrarse desde los 65 años, con el objetivo declarado de evitar nuevos casos de “viudos o viudas jóvenes”.
Caja genera opiniones divididas
Dentro de la propia Cámara de Diputados existen criterios divergentes sobre el futuro de la Caja Parlamentaria. El vicepresidente primero, Hugo Meza, aliado del cartismo, sostuvo que eliminarla sería más “injusto” y costoso para la ciudadanía, al trasladar al Presupuesto General el pago a exparlamentarios y herederos, estimado en unos US$ 6 millones anuales.
Soroka, en cambio, considera que “hay que cortar” con el sistema, incluso respecto de quienes ya están jubilados, y plantea revisar caso por caso si los beneficiarios ya recuperaron, a lo largo de los años, el equivalente a sus aportes. El senador mencionó también otras cajas consideradas privilegiadas, como la de la Corte Suprema de Justicia.
Desde la oposición liberal, el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical) advirtió que la reforma de la Caja Parlamentaria podría ser el primer paso para avanzar luego sobre la Caja Fiscal y, posteriormente, sobre los aportes de los trabajadores del Instituto de Previsión Social.
Señaló que el Gobierno está incrementando los descuentos a los funcionarios públicos y alertó que, en el futuro, podrían verse afectados también quienes trabajan en el sector privado.
El legislador sostuvo que no se opone a las reformas previsionales, pero cuestionó la premura del tratamiento y afirmó que la estrategia oficialista busca presentar un ajuste sobre la “jubilación vip” para luego impulsar cambios más amplios en el sistema jubilatorio del país.
