Patricia Corvalán. Gentileza El Observador.
La intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Su objetivo principal es quedar habilitada para una nueva reelección en el cargo municipal. Actualmente, la jefa comunal enfrenta una acusación judicial por el presunto desvío de G. 1.100 millones. Los fondos pertenecerían a las arcas del municipio que hoy administra.
Mediante esta acción, Corvalán solicitó la suspensión de los efectos del artículo 257 del Código Electoral Paraguayo. Ella sostiene que dicho artículo equipara de forma injusta un mandato parcial con uno completo. La jefa municipal busca una medida cautelar que le permita inscribirse provisionalmente como precandidata. Esta habilitación sería válida tanto para las internas de la ANR como ante el TSJE.
La autoridad fue electa de forma extraordinaria el 25 de marzo de 2018. Su asunción se dio tras la renuncia del intendente titular durante el segundo año del periodo 2015-2020. Corvalán argumenta que esa elección solo tuvo como fin completar un mandato vacante. Por lo tanto, considera que no debe computarse como un periodo constitucional pleno de cinco años.
El escrito presentado califica de “extensiva e irrazonable” la interpretación actual de la ley electoral. La defensa de Corvalán afirma que se pretende contar el mandato iniciado en 2018 como un primer periodo. Esto le impediría postularse nuevamente según las restricciones legales vigentes. Ella alega que tiene derecho a competir puesto que no ha ejercido dos periodos constitucionales íntegros.
Sin embargo, su situación jurídica se complica por la causa penal que pesa en su contra. La fiscalía ha solicitado que la intendenta afronte un juicio oral y público. Se la investiga por un supuesto desvío de caudales públicos que supera los G. 1.100 millones. Estos hechos habrían ocurrido durante la gestión municipal de su esposo, el actual diputado Esteban Samaniego.
Las investigaciones señalan que el dinero desviado se habría utilizado para fines estrictamente personales. El Ministerio Público sostiene que los fondos financiaron la construcción de una vivienda familiar. La propiedad, de dos plantas y 306 m², se sitúa en el barrio San Vicente de Asunción. El inmueble pertenece a la madre del legislador Samaniego, quien también se encuentra acusada.
La fiscalía detalla que el terreno ubicado en las calles Padre Cassanello y Pampa Grande fue el destino del dinero. Esta conexión refuerza la tesis de un esquema de corrupción familiar que involucra a la actual intendenta. Además de la barrera electoral, Corvalán debe resolver su situación en los tribunales ordinarios por estos cargos.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir sobre la admisibilidad de la acción planteada. Si la medida cautelar es rechazada, la intendenta quedaría fuera de la carrera electoral de forma inmediata.
Fuente: Megacadena
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