El sistema de protección en torno a la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, experimentó un refuerzo preventivo en las últimas horas. Esta decisión institucional surge tras la detección de una amenaza explícita vertida a través de las redes sociales. Las autoridades policiales activaron protocolos de seguridad de manera inmediata para salvaguardar la integridad física de la magistrada.
Los antecedentes de este caso se vinculan con movimientos recientes dentro del sistema penitenciario nacional. El pasado viernes, Gianina García Troche fue trasladada al nuevo pabellón de máxima seguridad para mujeres en Emboscada. La mujer es pareja del líder del clan Marset y enfrenta procesos por lavado de dinero y asociación criminal. Por lo tanto, el control sobre su reclusión se ha vuelto una prioridad para el Ministerio de Justicia.
A raíz de este traslado, un medio de comunicación boliviano difundió información sobre la situación procesal de García Troche. Fue en el espacio de interacción de dicha publicación donde se originó la señal de alarma para los investigadores. Un usuario identificado bajo el nombre de Richard Fred escribió de forma directa un mensaje intimidatorio. El texto sentenciaba que “tiene las horas contadas la jueza”.
#ALaGran730 Caso Gianina García: Presunta amenaza en redes sociales a jueza Rosarito Montanía
«Esta publicación ya está en el Departamento contra el Cibercrimen. Ella había expresado que no tiene una amenaza directa pero que tiene en cuenta lo que se había publicado.… pic.twitter.com/mdP1T6Ybcf
— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) February 23, 2026
Medidas implementadas ante la alerta de seguridad
Ante la gravedad del comentario, la Comandancia de la Policía Nacional tomó determinaciones operativas sin demoras. A pesar de que la jueza Montanía no presentó una denuncia formal ante las unidades correspondientes, se actuó de oficio. El Comandante Carlos Benítez confirmó que no se subestimará ningún dato que comprometa a los agentes de justicia. La institución policial dispuso las siguientes acciones:
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Refuerzo de escolta: Se incrementó el número de efectivos asignados directamente a la seguridad personal de la magistrada.
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Patrullaje preventivo: Aumento de la vigilancia táctica en las zonas donde la jueza desarrolla sus actividades cotidianas y laborales.
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Investigación de Cibercrimen: Los departamentos de Inteligencia y Delitos Informáticos trabajan actualmente para rastrear el origen de la cuenta.
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Análisis de veracidad: Se busca determinar si el perfil desde donde se lanzó la amenaza pertenece a una persona real.
La respuesta estatal busca disuadir cualquier intento de amedrentamiento contra los jueces encargados de casos de alta complejidad. Además, se pretende identificar a los responsables de generar zozobra mediante plataformas digitales internacionales. El Comandante Benítez fue contundente respecto a la postura institucional frente a este tipo de incidentes digitales. El jefe policial manifestó que “ningún comentario o información puede ser subestimada” en el contexto actual.
Por lo tanto, la Policía Nacional asume la protección de la jueza con total seriedad pese a la falta de una denuncia personal. Los expertos en ciberseguridad analizan los metadatos de la cuenta sospechosa para localizar la ubicación del usuario. Mientras tanto, las actividades en el Juzgado de Crimen Organizado continúan bajo estrictas medidas de control y vigilancia permanente. Esta situación subraya el nivel de riesgo que enfrentan los operadores de justicia en procesos vinculados al narcotráfico.
Finalmente, las autoridades mantienen una comunicación fluida con la magistrada para ajustar los esquemas de protección según sea necesario. El traslado de integrantes de grupos criminales a cárceles de máxima seguridad suele generar este tipo de reacciones en el entorno delictivo. Sin embargo, el Estado paraguayo reafirma su compromiso de garantizar la seguridad de quienes lideran estas causas judiciales sensibles. La investigación sobre la cuenta “Richard Fred” sigue en curso y bajo reserva.
Fuente: ABC Color
