El juez de garantías Rodrigo Estigarribia resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Óscar Atilio Boidanich Ferreira. El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) está acusado de presunto encubrimiento al cambista brasileño Darío Messer.
La resolución judicial también abordó la situación de otras dos exfuncionarias. Se trata de Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melissa María del Mar Parodi González. Ambas recibieron la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año.
Las exdirectoras admitieron los hechos atribuidos por la fiscalía. Por ello, deberán cumplir las condiciones impuestas por el juzgado durante ese periodo. El mantenimiento del beneficio dependerá del cumplimiento de esas medidas.
Fundamentos de la acusación fiscal
Según el Ministerio Público, el caso gira en torno a una presunta frustración de la persecución penal. La acusación sostiene que existió una demora en la remisión de un informe de inteligencia financiera. Ese documento habría sido clave para iniciar una investigación contra Messer.
La fiscalía argumenta que el retraso incidió en el desarrollo oportuno de diligencias. Además, menciona el riesgo de afectar el eventual comiso de bienes en el país. En ese contexto, se plantea la posibilidad de un concurso ideal de hechos punibles.
[TRIBUNALES] Continúa la audiencia preliminar al exministro Óscar Atilio Boidanich Ferreira, la exdirectora general de Análisis Financiero, Raquel Concepción Cuevas Arzamendia, y la exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos, Melissa María del Mar Parodi… pic.twitter.com/rNHuob2yVX
— El Observador (@observapy) February 23, 2026
Próxima etapa: análisis en tribunal de sentencia
El equipo fiscal está integrado por Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor. Los agentes señalaron que, tras completar diligencias pendientes, reunieron elementos probatorios suficientes. Con base en ello, solicitaron la apertura del juicio oral.
Con la elevación de la causa, un tribunal de sentencia analizará las pruebas presentadas. Será esa instancia la que determine la responsabilidad penal del exministro. Mientras tanto, la situación procesal de las exfuncionarias quedará sujeta al cumplimiento de las condiciones fijadas.
Fuente: PDS
