La indignación por el caso conocido como “mafia de los pagarés” comenzó a expresarse en comercios del centro de Luque. En una farmacia, colocaron en la puerta carteles con fotos y nombres de personas imputadas. El objetivo es exhibir un “repudio moral” por parte de locales de la zona hacia las autoridades salpicadas por el caso.
Según lo publicado por el portal El Observador, el letrero apunta a la exjueza de Paz Norma Ortiz y a los abogados Zully Ortiz y Milciades Toledo. En el texto del cartel se lee: “Se prohíbe la entrada en esta farmacia a estos delincuentes de la mafia de los pagarés”. La nota agrega que otros negocios se sumaron en apoyo a los afectados.
La exjueza Ortiz y el abogado Toledo, vinculado a la empresa Comaco, fueron imputados tras la denuncia de la docente Zila Zárate. Los cargos citados son uso y producción de documentos públicos falsos y prevaricato. En el mismo marco, también se menciona la imputación de Zully Ortiz por estafa y otros hechos vinculados al esquema.
Denuncia de la docente y presunta falsificación
La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés afirmó que Zárate fue demandada por un pagaré que “nunca firmó”. De acuerdo con esa explicación, se habría falsificado su cédula y su firma. El reclamo inicial correspondía a una supuesta deuda de G. 4.711.683.
Con el paso del tiempo, ese monto habría escalado hasta G. 30 millones por acumulaciones, siempre según lo señalado por la coordinadora. Además, el grupo sostiene que detrás del mecanismo estarían la exjueza y otros funcionarios judiciales. También indicaron que no descartan la existencia de más víctimas vinculadas al mismo modus operandi.
Protesta y medidas judiciales en Luque
El viernes, la coordinadora realizó un mitin frente al Juzgado de Paz de Luque en respaldo a la docente denunciante. En ese contexto, afirmó que existen alrededor de 17.000 víctimas. También reportó unas 6.000 denuncias formales ya presentadas.
De igual forma, el juez Penal de Luque, Nelson Romero, otorgó medidas alternativas a la exjueza Norma Ortiz. Deberá firmar cada tres meses y pagar una fianza de G. 50.000.000. También tiene prohibido acercarse a la docente. En el mismo expediente, se aplicaron medidas similares al ujier Sergio Orué, al oficial de justicia Patrosinio Almada y a la actuaria Elena Ojeda.
Fuente: Diario Extra
