Senador crítica nueva medida militar en combate al crimen
El senador opositor Rafael Filizzola (PDP) cuestionó el decreto anunciado por el presidente Santiago Peña para desplegar militares en tareas de seguridad. Según su análisis, la medida refleja una respuesta del Gobierno ante el avance de grupos criminales, incluido el EPP, y la admisión de que la Policía Nacional está “operativamente sobrepasada”.
Filizzola sostuvo que el cartismo y el Ejecutivo “fracasan” en la lucha contra el EPP y otras bandas, pese a años de presencia militar en varios puntos del país. “Hacer más de lo mismo sin lograr el resultado solo evidencia el fracaso de un modelo”, expresó. También recordó que “varios departamentos” llevan “más de una década” militarizados “con la excusa de la lucha contra el EPP”, sin que se concrete la derrota anunciada en distintas ocasiones.
Cuestionamiento constitucional y uso de militares en seguridad interna
El legislador afirmó que la decisión “atropella” límites constitucionales porque dispone por decreto el despliegue de militares “en todo el país” para asuntos de seguridad. En esa línea, dijo que “queda claro” que para el cartismo “lo que establece la Constitución de la República no constituye un límite y lo pueden saltar cuando quieran”.
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El empleo de fuerzas militares en seguridad interna, a cualquier punto del territorio nacional y por consejo del Codena, evidencia un enfoque “reactivo, improvisado y desesperado”, señaló el senador.
Además, advirtió sobre límites de eficacia y riesgos asociados a este tipo de despliegues. Mencionó que la experiencia comparada en América Latina muestra “serias limitaciones” y plantea problemas de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, un debate presente en estudios sobre el rol de Fuerzas Armadas en seguridad pública.
Crítica a la gestión policial y el caso del comisario César Pérez
El senador insistió en que la prioridad debería ser fortalecer inteligencia y capacidades técnicas dentro de la Policía Nacional. Sin embargo, afirmó que ocurre lo contrario. Como ejemplo, citó la exclusión del comisario César Pérez, quien se desempeñaba al frente de la Dirección contra el Secuestro y Terrorismo, de la lista de ascensos.
Filizzola atribuyó esa salida a un “cuestionado y opaco” proceso de evaluación por polígrafo. También advirtió que decisiones así afectan la moral interna y el fortalecimiento técnico de la institución.
El uso del polígrafo como requisito para ascensos fue incorporado en el marco de la reglamentación de la reforma policial.
Fuente: ABC Color
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