La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) inició un proceso de fiscalización sobre el abogado José González. Él se desempeña actualmente como director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS). El organismo busca aclarar el notable crecimiento patrimonial del funcionario. Su riqueza aumentó de forma considerable en apenas quince meses.
Ever Otazú, gerente de Impuestos Internos de la DNIT, detalló los alcances del procedimiento administrativo. El funcionario busca corroborar que González declaró y pagó correctamente sus impuestos. La revisión se centrará en el cumplimiento de las obligaciones por sus ingresos percibidos. El organismo estatal prioriza la transparencia en el origen de los fondos del contribuyente.
La investigación técnica analizará principalmente el Impuesto a la Renta Personal y el Impuesto al Valor Agregado. Los auditores considerarán tanto los honorarios profesionales como cualquier otro ingreso asociado a su actividad. Además, verificarán que los montos devengados se hayan declarado en tiempo y forma. También revisarán si las deducciones presentadas corresponden a la actividad económica del sujeto.
El análisis comenzará con una fase de control interno sobre la documentación disponible. En esta etapa se revisan las declaraciones, facturas y documentos respaldatorios del abogado. Este periodo inicial puede durar entre uno y tres meses, dependiendo de la complejidad. El resultado de esta fase determinará si procede la apertura de una fiscalización formal.
¿Cuál es el alcance real de esta fiscalización?
Una vez abierta la fiscalización puntual, el plazo inicial es de 45 días hábiles. Este tiempo puede prorrogarse por otros 45 días si la situación lo requiere. En casos de mayor amplitud, los controles podrían extenderse hasta los 120 días hábiles. Por lo tanto, el proceso dependerá de la celeridad en la entrega de información requerida.
El fisco controlará las declaraciones para verificar la validez de las facturas emitidas. La revisión abarcará un periodo de cinco años, por prescripción legal. González registró un aumento patrimonial de 276 a 870 millones de guaraníes. Por ello, la DNIT solicitará documentos que respalden ese crecimiento de 600 millones.
▶️ DNIT FISCALIZA HONORARIOS DE ASESOR JURÍDICO DE IPS |
El titular de la DNIT, Óscar Orué, anunció la apertura de una fiscalización sobre los honorarios del asesor jurídico del IPS, José González.
Según su declaración jurada, su patrimonio pasó de G. 276 millones a… pic.twitter.com/4omOheMtzR
— DELPY (@delpynews) February 26, 2026
Documentación y origen del incremento patrimonial
El abogado vinculó sus ingresos a un juicio ganado contra el Consorcio Hotelero Sudamericano. No obstante, Otazú aclaró que la DNIT solo identifica contingencias de carácter tributario. La legalidad del cobro o posibles irregularidades penales corresponden a la Fiscalía o la Seprelad. “Si se detecta algún indicio de evasión, lavado de dinero u otro ilícito, se remite a las instancias pertinentes”, explicó.
Si el contribuyente no acepta los resultados finales, puede solicitar un sumario administrativo. Este proceso tiene un plazo de cuatro meses, con posibilidad de una prórroga similar. Durante esta etapa se determinan definitivamente los impuestos adeudados, las multas y los intereses. Posteriormente, el afectado puede presentar recursos de reconsideración ante las autoridades correspondientes del fisco paraguayo.
Recursos administrativos y procesos en paralelo
El abogado puede recurrir al Tribunal de Cuentas o al Poder Judicial posteriormente. Por el momento, la DNIT mantiene reserva sobre los datos específicos de la actuación en curso. Sin embargo, la administración ya recopila información para cotejar las declaraciones con los ingresos percibidos. El fisco asegura que el proceso seguirá los cauces legales establecidos en el código tributario.
En paralelo a la DNIT, la Contraloría General de la República también revisa el caso. Este organismo analiza las declaraciones juradas del funcionario para detectar posibles irregularidades patrimoniales. El objetivo es determinar si existe una justificación legal para su crecimiento económico reciente. Ambas instituciones buscan esclarecer el origen de los fondos percibidos por el director jurídico de la previsional.
Fuente: ABC Color
