Jueza de Paz de Ypacaraí, interina en Luque, Cinthya Usher Granado. Foto: Gentileza Judiciales.net
El juzgado de Paz de Luque dictó una resolución considerada inédita dentro del sistema judicial paraguayo. Esta decisión representa la primera aplicación efectiva de la ley contra la denominada “mafia de los pagarés”. El fallo impone límites concretos a los descuentos salariales derivados de embargos ejecutivos. Además, busca frenar las prácticas abusivas que afectaron a miles de trabajadores en todo el territorio nacional paraguayo.
La resolución fue firmada por la jueza Cinthya Usher Granado. Ella es titular en Ypacaraí pero interina actualmente en la ciudad de Luque. La magistrada hizo lugar a un incidente de reducción promovido por una trabajadora afectada. La mujer sufría descuentos simultáneos derivados de diversas obligaciones crediticias acumuladas. El juzgado constató fehacientemente que las retenciones mensuales superaban el límite permitido por la legislación.
El fallo judicial ordena reducir el descuento salarial aplicado mediante el embargo ejecutivo. La cifra fue fijada específicamente en la suma de G. 1.346.281 mensuales. Esta medida se tomó tras verificar que el monto retenido excedía los parámetros legales de protección. La decisión adquiere una relevancia histórica al ser la primera aplicación de la Ley N.º 7564/2025. Dicha normativa fue impulsada para frenar los embargos masivos y desproporcionados.
La citada ley regula los descuentos y embargos sobre salarios de funcionarios públicos. El marco normativo establece que la suma total de retenciones no puede superar el 50 % del ingreso. Asimismo, la ley protege el sustento familiar prohibiendo el embargo de aguinaldos y subsidios. Estas garantías constitucionales buscan evitar que el trabajador pierda su capacidad de subsistencia básica diaria.
En su exhaustivo análisis, el juzgado determinó que los descuentos practicados vulneraban límites legales esenciales. Por este motivo, correspondía ajustar el embargo conforme a las nuevas disposiciones de protección salarial. La decisión se inscribe dentro de un marco que busca el equilibrio institucional. Se intenta armonizar el derecho de cobro de los acreedores con la garantía de un salario digno. Es un paso fundamental contra las estructuras que utilizaban pagarés para promover saqueos financieros.
Este fallo marca un precedente relevante para el futuro de la justicia laboral. La resolución abre el camino para la revisión de numerosos expedientes con características similares. Muchos trabajadores públicos fueron sometidos durante años a descuentos que comprometían sus ingresos de forma grave. El pedido judicial fue gestionado con éxito por la defensora pública Leticia Casaccia. Ella suma una victoria estratégica contra el esquema que asfixiaba la economía de las familias.
Finalmente, el Poder Judicial comienza a materializar la aplicación práctica de esta nueva legislación. El mensaje enviado por el juzgado de Luque es contundente para todo el sistema judicial. Se reafirma la vigencia de los límites legales en materia de embargos y protecciones laborales. Esta sentencia representa un alivio para quienes sufren las consecuencias de estructuras financieras abusivas.
Fuente: Judiciales.net
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