El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió despojar de sus fueros a la fiscala Stella Mary Cano. La decisión fue tomada de manera unánime por todos los miembros del órgano constitucional esta mañana. Además, resolvieron iniciar un “enjuiciamiento de oficio” contra la agente fiscal de Ayolas. Esta medida responde a la gravedad de los hechos punibles que se le atribuyen en su gestión.
La fiscala Sonia Sanguinés, de la Unidad de Derechos Humanos, imputó a Cano el pasado 20 de febrero. El cargo principal que enfrenta la funcionaria es la supuesta “persecución de inocentes”. Debido a la seriedad de la acusación, el JEM actuó con celeridad para retirar la protección legal de la agente. Sin fueros, Cano queda expuesta a los procesos ordinarios de la justicia penal paraguaya.
En la misma sesión, el pleno decidió solicitar a la Corte Suprema de Justicia la “suspensión en sus funciones” para la procesada. Los integrantes del Jurado consideran que el “mal desempeño funcional” es evidente según los antecedentes presentados. Esta acción busca garantizar que la agente no interfiera en las investigaciones actuales sobre su conducta profesional. Por lo tanto, el futuro de Cano dentro del Ministerio Público pende de un hilo.
¿Quiénes integraron el pleno del jurado?
De la sesión participaron de forma presencial el presidente César Garay Zuccolillo y la vicepresidenta Alicia Pucheta. También estuvieron presentes el ministro Manuel Ramírez y el consejero Enrique Berni. Por medios telemáticos, se sumaron los diputados Diego Candia y Alejandro Aguilera. Finalmente, completaron el quórum los senadores Derlis Maidana y Mario Varela. Todos coincidieron en la necesidad de avanzar con el proceso judicial.
⚖️ El JEM resolvió: 1- Disponer el DESAFUERO de la Agente Fiscal Abg. STELLA MARY CANO GARCETE 2- INICIAR EL ENJUICIAMIENTO DE OFICIO de la misma, por la causal de comisión de hechos punibles debiendo quedar suspendido dicho procedimiento 1/2 pic.twitter.com/8nOEak20qW
— Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (@Jem_py) February 26, 2026
La jueza penal de garantías Clara Ruíz Díaz fue quien comunicó oficialmente la solicitud de desafuero contra Cano. Este pedido se basó estrictamente en la imputación fiscal que pesa sobre la agente. De esta manera, el sistema judicial permite que se inicie la etapa de investigación profunda. Además, se espera que la agente del Ministerio Público sea sometida plenamente al proceso penal correspondiente.
Un historial marcado por cuestionamientos
Stella Mary Cano ya cuenta con antecedentes por mal desempeño en su historial laboral ante el JEM. Sin embargo, en dos procesos anteriores, la agente solo recibió un apercibimiento como sanción simbólica. Uno de esos casos estuvo vinculado a la estafa de Mocipar. También se le cuestionó por el caso que involucró al ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro.
En este último caso, surgieron sospechas de vínculos políticos directos. Según chats revelados en la investigación denominada “#LaMafiaManda”, la fiscala habría contactado al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Se presume que Cano solicitó su intermediación para influir en los resultados de su proceso. Estas revelaciones aumentaron la presión social para que el JEM tomara una decisión más severa en esta oportunidad.
El polémico acuerdo en la sede de la peluquería
El conflicto que hoy la tiene contra las cuerdas se originó por una denuncia de supuesta estafa. María Teresa Escobar acusó al estilista italiano Ciro Panniello por una sociedad que no prosperó. Panniello entregó un cheque de 120 millones de guaraníes como garantía. Sin embargo, el documento fue rechazado al intentar efectivizarlo por una fecha deficiente. Ante esto, Escobar exigió la entrega de bienes valorados en 770 millones de guaraníes.
Para lograr este objetivo, la fiscala Stella Mary Cano ordenó la detención inmediata del ciudadano italiano. Luego, dispuso su traslado junto a una asistente fiscal y abogados hasta la sede de la peluquería. Esta supuesta “constitución” tenía como fin real un “acuerdo conciliatorio entre las partes”. Sin embargo, el entorno de la reunión fue descrito como un acto de coacción institucional.
¿Existió una investigación real en el proceso?
Durante ese encuentro, Panniello firmó el acuerdo y entregó sus bienes mientras seguía privado de libertad. Según denunció el afectado, firmó bajo la amenaza constante de ser trasladado a la cárcel de Tacumbú. Tras la firma del documento, la fiscala Cano ordenó su libertad y pidió desestimar la causa rápidamente. Sin embargo, el juez de garantías rechazó este pedido porque el imputado alegó coacción evidente.
La intervención de la fiscala adjunta Gilda Villalba desnudó la nula actuación investigativa de Cano en este caso. Villalba rectificó el pedido de extinción de la acción y solicitó proseguir con las averiguaciones. En su informe, destacó que Cano no realizó ninguna diligencia más que tomar la declaración a la denunciante. “Conforme a la experiencia y preparación de la agente fiscal debió realizar” los actos investigativos básicos, señaló la imputación.
Finalmente, el fiscal Óscar Delfino fue designado para continuar la causa y solicitó su desestimación definitiva en 2021. La conclusión fue contundente: no existía ningún hecho punible cometido por el ciudadano italiano Ciro Panniello. Todo el proceso sugiere que la fiscala Stella Mary Cano se habría prestado para presionar al extranjero. Por lo tanto, el Ministerio Público presume una posible connivencia delictiva entre la agente y la denunciante Escobar.
Fuente: ABC Color
