La Coordinadora de víctimas de la denominada “mafia de los pagarés” envió una carta abierta al presidente de la República, Santiago Peña. El documento fue difundido ayer y expone una serie de denuncias sobre el impacto social del esquema de estafas denunciado por los afectados.
En el texto, el grupo sostiene que la situación dejó de ser un conflicto estrictamente jurídico. Afirman que el problema derivó en una crisis humanitaria que afecta a miles de familias paraguayas. Según la organización, el Estado mantiene una actitud de inacción frente a estos hechos.
La carta describe consecuencias graves atribuidas al sistema de cobros y procesos judiciales vinculados a pagarés. Los afectados aseguran que el acoso de prestamistas y el remate de viviendas provocaron situaciones extremas dentro de numerosas familias.
¿Qué denuncian las víctimas en la carta?
Según la Coordinadora, el esquema ya generó pérdidas humanas en distintos hogares. El documento menciona casos de padres de familia que fallecieron y episodios de infartos asociados al estrés prolongado provocado por las deudas.
Además, el texto señala que existen niños afectados por problemas de alimentación. Los denunciantes sostienen que el salario de sus padres queda comprometido por procesos judiciales relacionados con los pagarés. En ese contexto, describen la situación como un “genocidio civil silencioso”.
Los firmantes también presentan cifras sobre la magnitud del problema. Indican que existirían más de 17.000 víctimas directas afectadas por el sistema. Según el documento, estas personas enfrentan procesos que comprometen sus ingresos y bienes.
Cuestionamientos a instituciones del Estado
La carta también menciona la Ley 7614, normativa que fue presentada como una alternativa de solución al problema. Sin embargo, los afectados sostienen que dicha legislación no alcanza a la mayoría de los perjudicados.
De acuerdo con el escrito, cerca del 90% de las víctimas no puede acceder a los mecanismos previstos en la ley. Señalan que muchos afectados carecen de recursos para contratar abogados o trasladarse a defender sus casos.
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Asimismo, el documento sostiene que numerosos jóvenes abandonaron sus estudios universitarios. Según la Coordinadora, el dinero destinado al pago de cuotas académicas termina dirigido al pago de estas deudas.
Finalmente, los firmantes formulan críticas a distintas instituciones del Estado. Acusan al Poder Judicial de actuar como “brazo ejecutor” del sistema denunciado, cuestionan la falta de respuestas del Parlamento y señalan que el silencio del Ejecutivo resulta preocupante. En el cierre, exhortan al presidente a intervenir para evitar que la situación continúe agravándose.
Fuente: ABC Color
