La Contraloría General de la República inició un sumario administrativo contra funcionarios señalados por realizar actividades político-partidarias. El caso se originó tras una denuncia pública que los vincula con una campaña a favor de Camilo Pérez.
Como primera medida, la institución resolvió apartar del cargo a Danna Arias, quien se desempeñaba como directora de Control Ambiental. Además, dejó sin efecto el condicionamiento de Víctor Hugo Colmán, otro funcionario involucrado en el caso.
La situación se conoció luego de que la diputada Johanna Ortega difundiera imágenes en redes sociales. En el material, según la legisladora, se observa a funcionarios participando en actos proselitistas, lo que estaría prohibido por el reglamento interno.
Denuncias y cuestionamientos públicos
Ortega sostuvo que los funcionarios habrían violado el artículo 55 del reglamento. Esta normativa prohíbe expresamente realizar actividades político-partidarias. La restricción rige tanto dentro como fuera de la institución.
En su publicación, la diputada afirmó que “se la ve cómodamente realizando actividades proselitistas”. También cuestionó el salario de Arias, señalando que percibe más de G. 20 millones mensuales entre sueldo y beneficios.
Además, anunció que solicitará un pedido de informe al pleno del Congreso. El objetivo es conocer si existen antecedentes o sanciones previas. La legisladora también cuestionó la aplicación selectiva de normas internas.
¿Qué medidas adoptó la Contraloría?
La institución confirmó el inicio de una investigación preliminar. En un documento oficial, señaló que se tomó conocimiento de una posible conducta irregular. Por ello, se dispuso la apertura de un sumario administrativo.
El texto indica que la investigación se inició “de manera oficiosa” contra la funcionaria. Esto implica que la institución actuó tras la difusión pública del caso. El proceso buscará determinar responsabilidades.
Por su parte, Colmán dejará de estar comisionado al Ministerio de Justicia. También deberá someterse al sumario correspondiente. Ambos casos serán evaluados en el marco del reglamento interno.
El caso generó repercusión en el ámbito político. La denuncia también incluyó críticas al rol institucional del organismo. La investigación continuará con la revisión de antecedentes y evidencias disponibles.
Fuente: Última Hora
