El presidente Santiago Peña promulgó la Ley N° 7633, que introduce cambios en el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público. La decisión se concretó en menos de 48 horas tras la sanción en la Cámara de Diputados. La iniciativa generó cuestionamientos, especialmente desde el sector docente, que solicitó un veto parcial.
La normativa establece nuevas condiciones de financiamiento para la Caja Fiscal. El Estado aportará un 10%, mientras que los afiliados de sectores superavitarios contribuirán con el 16%. Por su parte, los trabajadores de sectores deficitarios deberán aportar un 19%, según lo dispuesto en la ley.
En el caso de la jubilación ordinaria, se fijan requisitos específicos para el magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales. Estos deberán contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad. La tasa de sustitución inicial será del 78%, con posibilidad de aumentar gradualmente hasta el 90% si el trabajador continúa en servicio.
¿Qué establece la ley para docentes y magistrados?
La normativa mantiene la jubilación extraordinaria del magisterio para casos de enfermedad o incapacidad. En estas situaciones, el trabajador podrá acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y una tasa de sustitución del 40%. Además, se contempla un periodo de transición para docentes con más de 20 años de aporte.
Estos trabajadores podrán optar por regirse por la legislación vigente o por las nuevas disposiciones. En el caso de los magistrados judiciales, se mantiene el sistema conocido como “dos por uno”. Este mecanismo reconoce un año como magistrado por cada dos años de servicio administrativo.
He promulgado la ley de reforma de la Caja Fiscal, una decisión responsable y necesaria para proteger la jubilación de miles de paraguayos, hoy y en el futuro.
Esta reforma permite dar sostenibilidad al sistema, ordenar las cuentas públicas y garantizar que cada trabajador… pic.twitter.com/eTR9NZfI44
— Santiago Peña (@SantiPenap) March 18, 2026
Por otro lado, para las fuerzas públicas se estableció una edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria. Esta cifra es menor a la propuesta inicial de Diputados. Asimismo, la tasa de sustitución fue flexibilizada entre el 75% y el 90%, según lo aprobado por el Senado.
¿Qué tensiones surgieron durante la aprobación?
La sanción de la ley estuvo marcada por cuestionamientos dentro del propio oficialismo. Diputados cartistas criticaron al ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. Incluso lo acusaron de haberlos inducido a error durante el tratamiento inicial del proyecto.
Los legisladores señalaron que aprobaron la propuesta bajo un escenario descrito como “catastrófico y apocalíptico”. Según el ministro, no existía margen para modificaciones debido al déficit de la Caja Fiscal, que alcanzó USD 380 millones el año pasado.
Fuente: ABC Color
