La jueza de Paz de La Encarnación, Analía Cibils
La jueza de Paz de La Encarnación, Analía Cibils, declaró por primera vez en la causa penal abierta en su contra por el esquema conocido como la “mafia de los pagarés”. Lo hizo durante su audiencia preliminar, en el proceso en el que está acusada por presunto prevaricato y por complicidad en la producción de documentos no auténticos.
Actualmente suspendida en sus funciones, la magistrada negó haber conocido irregularidades en los juicios ejecutivos tramitados en su juzgado. Según su versión, la falta de notificación a las partes no dependía de ella, sino de ujieres y oficiales de justicia. En esa línea, sostuvo que esos funcionarios son los encargados de dar fe de las diligencias.
Durante su intervención, Cibils insistió en que cualquier eventual incumplimiento en los procesos de notificación debía ser atribuido a esos funcionarios. También afirmó que desconocía que algunos expedientes no estaban siendo comunicados de forma debida. Su descargo se produjo en una causa que investiga un esquema de ejecuciones basadas en pagarés presuntamente falsificados o manipulados.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Cibils no habría sido ajena al funcionamiento del esquema. Los fiscales Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce sostienen que la jueza tuvo un rol activo dentro de una estructura que operaba principalmente desde juzgados de Paz de Asunción.
Según la hipótesis fiscal, la red funcionaba con participación de funcionarios judiciales. El esquema se habría apoyado en resoluciones y notificaciones irregulares. Eso permitía ejecutar embargos indebidos y obtener beneficios económicos. Por esa razón, la Fiscalía pidió que la causa avance a juicio oral.
Cibils se convierte en la segunda jueza que podría enfrentar un juicio oral dentro de esta investigación. Ahora, la decisión queda en manos del juez Rodrigo Estigarribia. El magistrado deberá resolver si eleva o no el proceso a la siguiente etapa, como solicitó el Ministerio Público.
El avance de esta causa es observado de cerca por su impacto dentro de la investigación sobre presuntas redes de corrupción judicial. El caso se centra en expedientes de ejecuciones que habrían sido impulsados con documentos presuntamente adulterados. Además, pone bajo análisis el rol de los juzgados de Paz en estas tramitaciones.
La declaración de Cibils marcó un punto relevante en su estrategia de defensa. Sin embargo, la definición procesal dependerá de la valoración judicial de los elementos reunidos por la Fiscalía. Mientras tanto, la causa sigue enfocada en determinar responsabilidades dentro del esquema que salpica al sistema de justicia.
Fuente: Net Judiciales
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