La reforma de la Caja Fiscal enfrenta su primera modificación en el Congreso a menos de un mes de su promulgación. En la Cámara de Diputados ya circula un proyecto que plantea ajustar uno de sus artículos, en medio de cuestionamientos sobre su alcance y efectividad.
El presidente Santiago Peña promulgó la Ley N° 7633 el pasado 18 de marzo, con el objetivo de reformar el sistema de jubilaciones del sector público. Sin embargo, la normativa ya es objeto de debate, tanto por su impacto como por supuestas inconsistencias internas.
El nuevo proyecto cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto, encabezada por la diputada Cristina Villalba (ANR). La iniciativa apunta a modificar el artículo 14, que regula la jubilación ordinaria transitoria para magistrados judiciales.
«Era lo que políticamente más convenía», afirmó Silvio Ovelar sobre la reforma de la Caja Fiscal.
El oficialismo admite que cedió ante los gremios en la reforma de la Caja Fiscal para evitar un nuevo «Marzo Paraguayo».https://t.co/uY2JyhVc3a
— RDN (@RdnPY) March 12, 2026
¿Qué cambia en la reforma de la Caja Fiscal?
Actualmente, la ley exige dos condiciones para que magistrados accedan a la jubilación transitoria: al menos 20 años de aportes y haber cumplido 58 años al momento de entrada en vigencia. Este requisito de edad no se aplica al sector docente.
El proyecto propone eliminar la exigencia de edad y mantener solo los años de aporte. Además, introduce una opción para que los magistrados elijan entre jubilarse bajo el régimen actual o bajo el esquema anterior del Decreto-Ley N° 23/1954.
Según el documento legislativo, resulta “incongruente” que una misma normativa establezca condiciones distintas para acceder al beneficio. El cambio busca corregir asimetrías dentro del propio sistema.
Debate sobre equidad y consistencia legal
La reforma de la Caja Fiscal fue cuestionada desde su aprobación. Diversos sectores la calificaron como una solución “parche”, especialmente por las flexibilizaciones que redujeron su impacto previsto en el déficit.
Inicialmente, la reforma apuntaba a reducir el déficit en un 60%, pero finalmente el efecto estimado bajó a un 40%. A febrero, el fondo de jubilaciones del sector público alcanzó los US$ 68 millones.
Para los críticos, la rapidez con la que se impulsa esta modificación refuerza la idea de que la ley presenta fisuras desde su origen. Mientras tanto, el Congreso abre un nuevo frente de discusión sobre la equidad en el sistema previsional.
Fuente: ABC Color
