Patricia Corvalán. Gentileza El Observador.
El juez Humberto Otazú fijó la audiencia preliminar de la intendente de Quyquyhó, Patricia Corvalán, para fines de abril. La diligencia judicial será los días 29 y 30 a las 08:30 horas. Corvalán enfrenta cargos por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal. Otras 13 personas están acusadas por el Ministerio Público en este proceso por corrupción.
La investigación describe un esquema para desviar fondos de la Municipalidad de Quyquyhó, en Paraguarí. El perjuicio patrimonial estimado asciende a 1.108.599.918 guaraníes contra el erario local. El esquema operó durante la gestión de Esteban Samaniego, actual diputado nacional, como intendente. Este caso es relevante porque definirá si los acusados enfrentan un juicio oral por delitos financieros.
Según la fiscalía, Samaniego y su esposa obtuvieron beneficios económicos indebidos entre 2017 y 2018. Estos recursos municipales habrían servido para adquirir diversos bienes personales y construir una vivienda en Asunción. El Ministerio Público sostiene que el dinero municipal financió proyectos privados de la pareja. La acusación detalla el uso ilegal de recursos de la comuna para provecho familiar.
El avance de la causa sufrió constantes interrupciones por recursos planteados por las defensas. Se registraron tres suspensiones formales de la audiencia preliminar documentadas hasta la fecha. El proceso judicial acumula más de 15 meses de dilaciones ininterrumpidas mediante las denominadas chicanas. Estas maniobras incluyen recusaciones contra el magistrado Otazú y los agentes fiscales que intervienen en la investigación.
Las defensas también presentaron incidentes de incompetencia para paralizar el trámite procesal ordinario. Estas acciones generaron reiteradas reprogramaciones de la diligencia para elevar el caso a juicio. Recientemente, la audiencia se suspendió poco antes de iniciar por una nueva chicana presentada. El uso excesivo de herramientas legales impidió que el sistema judicial defina la situación de los procesados.
La situación procesal de Esteban Samaniego permanece estancada a pesar de su imputación en el caso. El Ministerio Público solicitó su desafuero ante la Cámara de Diputados en reiteradas oportunidades sin éxito. Debido a sus fueros parlamentarios, la investigación judicial en su contra no ha podido progresar formalmente. Esta falta de resolución política mantiene en suspenso la determinación de su responsabilidad penal.
La audiencia de abril será clave para el futuro de Patricia Corvalán y los demás implicados. El Juzgado de Delitos Económicos decidirá si existen pruebas suficientes para un juicio oral.
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