La Defensoría del Pueblo inició un proceso formal de recolección de datos para impulsar una acción judicial contra el título de Hernán Rivas. El objetivo principal de la institución es lograr la nulidad del documento académico que acredita al senador colorado como abogado. Esta iniciativa surge en un contexto de alta tensión política y cuestionamientos hacia la legitimidad de sus credenciales profesionales.
Rafael Ávila, titular de la Defensoría, confirmó que analizan promover una demanda en la jurisdicción civil de forma independiente al proceso penal. La institución busca avanzar con cautela técnica, acumulando elementos probatorios sobre los aspectos formales del cuestionado diploma universitario. Por ello, el defensor mantiene contacto constante con diversos sectores del ámbito jurídico para asegurar la viabilidad de la presentación.
El caso de Hernán Rivas reviste una importancia institucional crítica para el Paraguay debido a los cargos que este ocupó. El legislador llegó a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) gracias a dicho título, hoy bajo sospecha de irregularidad. La Defensoría considera que la invalidez del documento afecta intereses colectivos y la confianza pública en el sistema de justicia nacional.
¿Cuál es la estrategia de la Defensoría?
La estrategia legal apunta a solicitar la nulidad del título ante la justicia civil como una vía alternativa de control. Ávila recordó que la matrícula profesional del legislador se encuentra actualmente bajo análisis dentro del Poder Judicial paraguayo. No obstante, dicho trámite administrativo permanece suspendido hasta que exista una resolución definitiva y firme en la causa penal abierta contra el senador.
El panorama jurídico cambió recientemente luego de que la Cámara de Apelaciones anulara la resolución de juicio oral contra el legislador. Los magistrados consideraron que los hechos investigados ya prescribieron, lo que derivó en el sobreseimiento del parlamentario. En consecuencia, la acusación fiscal por el uso de documentos públicos de contenido falso perdió su sustento principal en dicha instancia.
El rol de los derechos difusos
A pesar del fallo penal, el Ministerio Público sostuvo que el certificado de estudios y el título presentados son presuntamente irregulares. El abogado Manuel Riera afirmó que la Defensoría posee facultades legales plenas para intervenir en defensa de los derechos difusos. Según el jurista, existe base legal suficiente para anular toda la cadena de expedición de los documentos académicos de Rivas.
De concretarse esta acción, se sentaría un precedente histórico en materia de control de legalidad sobre títulos universitarios en el país. El caso continúa bajo un estricto seguimiento público por el impacto directo en la credibilidad de las instituciones del Estado. La Defensoría prevé nuevas reuniones con autoridades judiciales para agotar todas las vías legales posibles dentro del marco constitucional vigente.
Fuente: El Nacional
