Euclides Acevedo, Hernán Rivas (centro) y Óscar Rodríguez Kennedy. Foto: Edición ÚH.
La Fiscalía decidió continuar con la investigación sobre el presunto título falso de Hernán Rivas, tras rectificar un pedido previo de desestimación. La medida fue adoptada por el fiscal adjunto Augusto Salas, quien ordenó profundizar las indagaciones sobre los firmantes del documento.
El cambio revierte la postura inicial del fiscal Aldo Cantero, quien había solicitado archivar la denuncia. La causa involucra a Óscar Rodríguez Kennedy, Euclides Acevedo Candia y Nancy Barúa, vinculados a la expedición del título en la Universidad Sudamericana.
El documento en cuestión corresponde al título de abogado emitido el 6 de marzo de 2020. Además, ya en 2018 se había firmado un certificado de estudios del legislador, documentos que habrían sido utilizados para acceder a cargos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Según la Fiscalía, existirían inconsistencias en el proceso de expedición y registro del título. La documentación fue presentada ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde finalmente se registró como válido.
Sin embargo, se señala que la Universidad Sudamericana no estaba habilitada ni registrada en el directorio del Viceministerio de Educación Superior. Tampoco su carrera de Derecho figuraba como autorizada en ese momento.
Además, a pesar de un dictamen interno contrario, auditores del MEC habrían validado la institución y la carrera. El fiscal sostuvo que funcionarios pudieron haber actuado para favorecer al legislador.
El fiscal adjunto Augusto Salas indicó que no corresponde declarar la prescripción del hecho punible. Explicó que aún no se realizó una investigación completa que permita determinar con precisión los hechos.
También remarcó que Hernán Rivas habría utilizado estos documentos en 2023, lo que mantiene vigente la causa. Esto refuerza la necesidad de continuar con las diligencias para esclarecer el caso.
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La Fiscalía busca investigar no solo a los firmantes del título y del certificado, sino también a quienes participaron en el proceso de registro. Esto incluye a funcionarios y auditores que intervinieron en la validación del documento.
Asimismo, se analiza si la universidad contaba con las condiciones para impartir la carrera de Derecho. Según el Ministerio Público, existirían indicios de que el legislador no habría cursado dichas materias.
Fuente: ÚH
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