Marian Angélica Cattebeke Ayala protagoniza un nuevo caso de privilegios en el Poder Judicial. Ella integra el grupo de relatores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Fue nombrada como funcionaria permanente en 2025 con un sueldo de G. 10.800.000. Sin embargo, fue comisionada de inmediato a la Itaipú Binacional sin cumplir funciones reales en el máximo tribunal.
Esta situación revela un esquema de favores políticos que afecta la institucionalidad de la justicia en Paraguay. El caso de Cattebeke Ayala no es aislado dentro de la nómina de la Corte. Los ministros designan a personas de su entorno cercano o recomendados. Este manejo discrecional de cargos genera un gasto millonario que asume la ciudadanía paraguaya actualmente.
Según los registros oficiales, el Poder Judicial cuenta con 228 relatores en su planilla de personal. Solo 182 desempeñan tareas efectivas en los gabinetes de los ministros de la Corte. Se registran 17 vacancias y otros 17 funcionarios se encuentran actualmente comisionados a diversas instituciones externas. Este grupo de asesores representa un costo anual aproximado de seis millones de dólares para el Estado.
Vínculos políticos y antecedentes de la funcionaria
Fuentes internas del Palacio de Justicia señalan que Cattebeke Ayala llegó al cargo por recomendación política. Los rumores apuntan a la influencia de un influyente legislador del Partido Colorado para su nombramiento. Aunque el vínculo es difícil de confirmar oficialmente, las versiones dentro de la institución judicial son insistentes. La funcionaria suele mostrar su estilo de vida frecuentemente a través de sus perfiles en redes sociales.
La trayectoria de la relatora muestra un patrón de comisionamientos privilegiados desde hace varios años. Anteriormente, desempeñó funciones en el Ministerio Público con un salario superior a los cinco millones de guaraníes. Durante su estadía en la Fiscalía, también logró ser trasladada a la entidad binacional Itaipú. Estos antecedentes refuerzan las críticas sobre la falta de criterios técnicos para su designación en la máxima instancia.
Nepotismo y parentesco en los gabinetes judiciales
El descontento interno es evidente entre los profesionales que preparan resoluciones y marcan entrada diariamente. “Esta gente que no trabaja nos ensucia a los que realmente nos preparamos”, afirmó una relatora de carrera. Los trabajadores judiciales temen represalias, pero denuncian que los recomendados dañan la imagen del sistema. La designación de “apadrinados” ignora los años de servicio de quienes iniciaron en instancias inferiores de la justicia.
El clan de parientes de ministros y políticos dentro de la estructura de relatores es extenso y preocupante. Ximena Victoria Rojas Vía Llanes, hija de la ministra Carolina Llanes, ocupa uno de estos cargos privilegiados. Su primo, Diego José Molina Llanes, también figura en el plantel mientras su madre dirige Bienestar de Personal. Analía Carrillo Servín, nuera del presidente Alberto Martínez Simón, cumple funciones similares en el gabinete de otro ministro.
La lista se completa con Nancy María Diana Amarilla, hermana del senador Dionisio Amarilla, con idéntico salario millonario. Al igual que Cattebeke, la hermana del legislador se encuentra comisionada en Itaipú lejos de los tribunales. Esta práctica agrava la mora judicial que supera actualmente el 50 por ciento en la máxima instancia. Los ministros deberían exigir el cumplimiento de funciones para reducir el retraso en el dictado de sentencias.
Fuente: El Observador
