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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que Paraguay mantiene niveles elevados de violencia e impunidad. En su Informe Anual de 2025, el organismo internacional señaló que persisten denuncias de corrupción estatal. Según el documento, el país enfrenta desafíos críticos en materia de independencia judicial y protección del espacio cívico. El reporte destaca la compleja situación que atraviesa la institucionalidad democrática paraguaya bajo estos factores externos e internos.
La CIDH alertó específicamente sobre la presencia e influencia de grupos criminales organizados en el territorio nacional. Entre estos destacan el grupo brasileño Primer Comando da Capital (PCC) y la organización local denominada Clan Rotela. El informe subraya que estos grupos tienen impactos directos sobre la seguridad pública y el control penitenciario. Además, vincula su actividad con el aumento de los niveles de corrupción en distintas esferas estatales paraguayas.
Un punto crítico del reporte menciona la infiltración de redes de narcotráfico en la Fiscalía y el ámbito político. Citando investigaciones periodísticas, la CIDH indica que esta realidad interfiere en los procesos judiciales. Esta interferencia favorece la impunidad de delitos graves dentro de la estructura gubernamental y partidaria. La organización con sede en Washington considera que esta situación debilita gravemente el Estado de derecho en el país durante el periodo evaluado.
El sistema penitenciario paraguayo registra una elevada tasa de hacinamiento que alcanzó el 88% a mediados del año pasado. Este fenómeno se relaciona directamente con el uso excesivo de la prisión preventiva en los tribunales locales. Datos del informe revelan que el 63% de la población carcelaria se encuentra recluida sin una condena firme. Esta falta de sentencias definitivas agrava la crisis humanitaria y de seguridad dentro de las cárceles paraguayas.
Por otro lado, la CIDH manifestó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas del país. Los principales problemas identificados incluyen la protección insuficiente de tierras ancestrales y los desalojos forzosos a comunidades. El organismo advirtió sobre el riesgo de extinción cultural de los nativos ayoreos en aislamiento voluntario. La deforestación constante en la región del Chaco representa la mayor amenaza para la supervivencia de este grupo étnico.
El informe también analiza la entrada en vigor de la ley de control a organizaciones no gubernamentales (ONG). Diversas entidades civiles denunciaron esta normativa ante la Comisión por el riesgo de persecución a grupos críticos. Las organizaciones nacionales y extranjeras temen que la fiscalización de sus finanzas se utilice como herramienta política. La CIDH incluyó estas quejas como parte de los desafíos para mantener un espacio cívico libre y seguro.
A pesar de las críticas, el organismo internacional reconoció ciertos avances en la institucionalidad democrática del Paraguay. Destacó la continuidad de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y el uso del sistema Simore Plus. Esta herramienta digital permite al Estado realizar un seguimiento eficaz a las recomendaciones internacionales en derechos humanos. Asimismo, se valoró la implementación de campañas preventivas contra la violencia de género y el empoderamiento de mujeres rurales.
La Defensoría del Pueblo de Paraguay logró un hito importante al recuperar su acreditación “A” ante la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Este reconocimiento internacional llega tras 11 años de gestiones y valida el cumplimiento de los Principios de París. La CIDH subrayó que este progreso implica mejores estándares de independencia y funcionamiento para la institución nacional. Este logro se presenta como un paso positivo hacia el fortalecimiento de la vigilancia interna de los derechos.
En el ámbito legislativo, la Comisión resaltó el proyecto de ley para prohibir el matrimonio infantil sin excepciones. Sin embargo, la violencia contra mujeres y menores sigue siendo una preocupación persistente para los observadores internacionales. Durante el 2025 se registraron 28 feminicidios y más de 28.000 casos de violencia familiar en territorio paraguayo. Además, las cifras de abuso sexual infantil reportadas entre enero y mayo del año pasado resultan alarmantes para el organismo.
Finalmente, la CIDH instó al Estado paraguayo a profundizar las reformas necesarias para combatir el crimen organizado. La consolidación de los avances institucionales es fundamental para revertir los índices de impunidad detectados en el informe. El organismo mantendrá el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos y la seguridad en el país. El cumplimiento de las recomendaciones internacionales será clave para mejorar la calificación de Paraguay ante la comunidad interamericana.
Fuente: Última Hora
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