La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe anual 2024, ofreciendo un análisis detallado sobre la situación paraguaya en materia de derechos fundamentales. El documento reconoce avances significativos como la reacreditación de la Institución Nacional de Derechos Humanos en la categoría “A” de los Principios de París, mejoras en el acceso a la justicia para grupos vulnerables y esfuerzos en la respuesta contra la violencia hacia las mujeres. Adicionalmente, destaca la implementación de una encuesta específica sobre la población afroparaguaya, reconociendo la diversidad étnica nacional.
No obstante, el informe expone preocupaciones sustanciales sobre el deterioro del espacio cívico en Paraguay. La CIDH señala con particular énfasis la aprobación de legislación que limita la libertad de asociación, específicamente la denominada “ley anti-ONG” o Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas para organizaciones sin fines de lucro. Según las organizaciones de la sociedad civil citadas en el informe, esta normativa amenaza directamente la autonomía de entidades defensoras de derechos humanos, afectando principalmente a organizaciones feministas y LGBTI, en un contexto donde prevalecen narrativas contrarias a la igualdad de género.
Casos emblemáticos y vulneración de garantías
La destitución de la senadora Kattya González recibe atención especial en el documento internacional. La CIDH califica este proceso como inconstitucional, señalándolo como parte de un preocupante patrón de violencia política de género. Este caso ejemplifica, según el organismo, las dificultades que enfrentan las mujeres en espacios políticos paraguayos, donde cuestionamientos legítimos pueden derivar en procesos de destitución que vulneran garantías fundamentales.
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En materia de libertad de expresión, el informe recuerda el caso “Aldo Zuccolillo Moscarda vs. Paraguay”, donde la Corte concluyó que el Estado paraguayo, a través de su Corte Suprema, violó principios de legalidad e irretroactividad penal contra el entonces director del diario ABC Color. Esta referencia evidencia preocupaciones persistentes sobre la protección efectiva de la libertad de prensa en el país, elemento fundamental para el funcionamiento democrático.
Crisis carcelaria y pueblos originarios en vulnerabilidad
El sistema penitenciario paraguayo muestra cifras alarmantes según el informe, con un hacinamiento que alcanza el 391% pese a la habilitación de nuevas instalaciones. La CIDH atribuye esta situación principalmente al uso excesivo de la prisión preventiva, que afecta al 57% de las personas privadas de libertad. Este dato refleja desafíos estructurales en el sistema judicial paraguayo, donde medidas excepcionales se han convertido en prácticas sistemáticas que vulneran derechos fundamentales.
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Respecto a pueblos indígenas, el documento internacional alerta sobre desalojos de comunidades de sus territorios ancestrales y actividades que amenazan la supervivencia del pueblo ayoreo en aislamiento voluntario. En cuanto a violencia contra las mujeres, si bien reconoce iniciativas preventivas, destaca la insuficiencia de respuestas estatales efectivas, señalando que la Policía Nacional solo tiene capacidad para atender 16 de las 95 denuncias diarias registradas oficialmente. Finalmente, el informe condena declaraciones discriminatorias de altas autoridades estatales contra la comunidad LGBTI, haciendo referencia específica a manifestaciones del Ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, quien públicamente rechazó la presencia de estudiantes con “tendencia homosexual” en escuelas agrarias.
Fuente: ABC Color
