Cierra la lista para la Defensoría del Pueblo con 67 nombres

La inscripción de postulantes a la Defensoría del Pueblo cerró con 67 candidatos para el periodo 2026-2031. Entre los anotados aparecen numerosos afiliados al Partido Colorado, una exjueza destituida por ausentismo y un concejal actualmente en funciones. El plazo venció este lunes en el Congreso Nacional, luego de una jornada final marcada por una avalancha de inscripciones. El proceso ya genera cuestionamientos por la fuerte presencia partidaria en la disputa por un órgano constitucional.

Entre las candidaturas se destaca la de la actual defensora del Pueblo adjunta, Natalia Sosa Flores, quien aspira a ocupar la titularidad de la institución. La funcionaria continúa afiliada a la ANR, pese a que la Ley 631 establece que quienes ejercen el cargo deben suspender sus derechos partidarios. El actual defensor, Rafael Ávila Macke, en cambio, solicitó su exclusión del padrón colorado en 2021.

La lista de postulantes también refleja una marcada presencia de dirigentes y afiliados vinculados al oficialismo. Cerca de una treintena de aspirantes aguardó hasta el último día para presentar sus carpetas ante el Congreso.

La documentación será remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que tendrá a su cargo la revisión de los antecedentes. Desde distintos sectores sociales ya expresaron preocupación por el peso de las vinculaciones partidarias dentro de un proceso destinado a elegir a las autoridades de una institución encargada de velar por los derechos ciudadanos.

Antecedentes y cuestionamientos entre los aspirantes

Entre quienes se inscribieron en la jornada final figura Claudia Jessica Mosqueira Céspedes, exjueza Penal de Garantías de Villarrica. La abogada fue removida del cargo en diciembre de 2023 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), luego de un proceso en el que se comprobaron reiteradas llegadas tardías y retiros anticipados de su lugar de trabajo.

Pese a ese antecedente, Mosqueira Céspedes presentó su candidatura para encabezar la Defensoría del Pueblo.

También se postuló Walter Agustín Olmedo, concejal de José Falcón y exintendente de ese municipio del departamento de Presidente Hayes. Olmedo ocupa una banca en la Junta Municipal desde hace tres periodos y busca actualmente un cuarto mandato por el Partido Colorado.

En paralelo, presentó su candidatura para integrar la Defensoría del Pueblo, una situación que suma cuestionamientos por su participación simultánea en ambos procesos políticos.

El proceso de selección en el Congreso

En las próximas semanas, los antecedentes de los 67 postulantes serán analizados en la Cámara de Senadores. El pleno deberá evaluar los perfiles y conformar las ternas correspondientes.

Posteriormente, la Cámara de Diputados tendrá a su cargo la elección del defensor del Pueblo y de su adjunto, mediante mayoría absoluta de votos. Las autoridades seleccionadas ejercerán sus funciones durante los próximos cinco años.

Incompatibilidades legales y negociaciones políticas

La candidatura de Natalia Sosa Flores volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el cumplimiento de las incompatibilidades previstas en la legislación. La normativa establece que los defensores deben suspender sus derechos partidarios al asumir el cargo.

Sin embargo, la permanencia de funcionarios en los padrones de partidos políticos genera dudas sobre los controles aplicados. El Congreso deberá determinar si estas situaciones representan un impedimento para continuar dentro del proceso de selección.

A la par del análisis de antecedentes, se prevé que las bancadas del Senado inicien negociaciones para definir los nombres que integrarán las ternas. La mayoría oficialista en el Congreso podría tener un peso decisivo en esa definición, mientras organizaciones civiles reclaman que la evaluación se realice con criterios de idoneidad, independencia y transparencia.

Con el cierre de la recepción de carpetas, el proceso entra ahora en su etapa parlamentaria. El Senado deberá conformar las ternas y la Cámara de Diputados tendrá la decisión final sobre quiénes conducirán la Defensoría del Pueblo hasta 2031.

La atención estará puesta tanto en los antecedentes de los postulantes como en el grado de independencia con el que el Congreso lleve adelante la selección.

Fuente: Última Hora