La política energética de ANDE y los decretos de Peña generaron una fuerte reacción en el sector técnico. La Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) cuestionó las normativas 5860 y 5861, advirtiendo riesgos económicos para los usuarios.
El gremio manifestó su rechazo a las disposiciones impulsadas por el presidente Santiago Peña. Sostiene que los cambios son insuficientes y que el impacto podría trasladarse al ciudadano común.
Según el comunicado, el conflicto no se limita al ajuste de tarifas para industrias electrointensivas. Los ingenieros advierten que el esquema vigente podría comprometer la sostenibilidad del sistema eléctrico.
Riesgo de subsidio indirecto a grandes consumidores
La UIA alertó que los beneficios para sectores como criptominería e industrias de hidrógeno podrían derivar en un subsidio indirecto. Esto implicaría que otros usuarios absorban los costos.
“El sobrecosto deberá ser trasladado al conjunto de los usuarios”, señala el documento. La advertencia incluye a industrias, comercios y consumidores residenciales.
Además, el gremio cuestiona que no se establezcan límites claros a la potencia destinada a estos sectores. Consideran que esto agrava el riesgo para el sistema energético.
Críticas a tarifas a largo plazo
Otro punto central es la fijación de tarifas por 15 años para las llamadas “Industrias Convergentes”. La UIA considera que esta decisión es riesgosa.
Los ingenieros sostienen que Paraguay está cerca de agotar su excedente de energía hidroeléctrica. Esto obligaría a invertir en fuentes más costosas para cubrir la demanda.
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También advierten que tarifas consideradas deficitarias para proyectos de “Energía a X” podrían afectar la estabilidad financiera de la ANDE.
El gremio anunció que seguirá monitoreando la situación. Señala que la política actual prioriza sectores sin beneficios claros para el desarrollo del país.
Fuente: ABC Color
