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El juez penal de garantías Mirko Valinotti resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva para Paola Geraldine Silveira Dürrling. La funcionaria diplomática está imputada por la presunta producción de documentos no auténticos, estafa y cobro indebido de honorarios. Esta decisión judicial surge tras una investigación del Ministerio Público sobre la supuesta falsificación de sus títulos universitarios. El juzgado determinó que se pueden aplicar medidas menos gravosas para asegurar su sujeción al proceso penal. La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas en el Palacio de Justicia.
Silveira Dürrling se desempeñó anteriormente como consejera y encargada de negocios en la Embajada del Paraguay en el Reino Unido. Actualmente, la procesada sigue cumpliendo funciones en la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en el Edificio Mercurio de la capital.
Fue cesada de su cargo diplomático anterior debido a las sospechas sobre sus documentos académicos de grado y posgrado. La investigación sostiene que utilizó certificados no auténticos para acceder y mantenerse en cargos del servicio exterior. Estas acciones habrían facilitado el cobro irregular de beneficios económicos y honorarios asociados al alto cargo diplomático.
La imputación fue presentada formalmente en marzo de este año por el agente fiscal Oscar Delfino. El proceso penal se originó a partir de una denuncia formulada durante el año 2025 ante las autoridades competentes. Los investigadores analizan si los documentos presentados permitieron su ascenso injustificado dentro de la estructura diplomática paraguaya. Por el momento, la calificación jurídica de los hechos punibles investigados posee un carácter estrictamente provisorio. El juzgado podrá modificar esta calificación según surjan nuevos elementos de convicción durante la etapa preparatoria del juicio.
Investigación por presuntos títulos universitarios falsos
El magistrado Mirko Valinotti analizó minuciosamente los presupuestos establecidos dentro del Código Procesal Penal vigente. El juzgado determinó que no se configuran actualmente los requisitos necesarios para aplicar la prisión preventiva. La encausada demostró voluntad de someterse al proceso judicial desde la notificación inicial de la causa. Además, Silveira Dürrling acreditó suficiente arraigo mediante la declaración de un domicilio fijo dentro del territorio nacional. No se verificaron elementos técnicos que indiquen un peligro concreto de obstrucción a la justicia paraguaya.
El juez subrayó que la prisión preventiva debe utilizarse exclusivamente de forma excepcional en el sistema judicial. Esta medida cautelar no puede ser aplicada como una pena anticipada para el sujeto procesado. El objetivo principal de la resolución es neutralizar el peligro de fuga mediante condiciones legales menos restrictivas.
Medidas impuestas ante sospecha de títulos universitarios
La justicia impuso una serie de obligaciones estrictas para garantizar la comparecencia futura de la imputada. Silveira Dürrling tiene prohibido abandonar el país sin contar con una autorización judicial previa por escrito. Debe presentarse obligatoriamente ante la secretaría del juzgado entre los días 1 y 10 de cada mes. Asimismo, la procesada debe mantener su residencia fija declarada y no puede modificarla sin previo aviso judicial. El incumplimiento injustificado de estas reglas facultará al magistrado a dictar medidas mucho más severas.
La resolución judicial incluye una caución real millonaria como garantía económica para el Estado. La defensa de la diplomática presentó un inmueble como fianza por la suma total de G. 2.454.537.910. Silveira Dürrling posee un plazo de veinte días hábiles para formalizar toda la documentación de dicha propiedad. También se estableció una caución juratoria de someterse puntualmente a todas las citaciones judiciales que se realicen. Estas medidas buscan asegurar que la funcionaria no eluda la acción de la justicia durante la investigación.
Actualmente, el Ministerio Público continúa con la recolección activa de evidencias dentro de la fase preparatoria obligatoria. El rol del magistrado en este periodo se limita al control de legalidad de todas las diligencias fiscales.
Todavía no existe un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal de la encausada en los hechos mencionados. La investigación fiscal determinará finalmente la veracidad de los títulos universitarios de grado y posgrado cuestionados.
Fuente: PDS Digital
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