Acción penal privada. María Esther Roa fue querellada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos. Foto: Archivo ÚH.
La condena por difamación a Esther Roa se produjo tras un proceso judicial iniciado por la difusión de un audio atribuido al abogado Guillermo Duarte Cacavelos. El caso se desarrolló entre 2025 y 2026 y tuvo como eje una publicación en redes sociales.
La abogada y activista anticorrupción compartió un video en X con un supuesto audio del letrado. La grabación sugería una conversación con un ministro de la Corte sobre una causa vinculada a Carlos Heisele. El hecho generó una querella y derivó en juicio oral.
Duarte Cacavelos impulsó la acción judicial tras considerar que la publicación dañó su reputación profesional. Una pericia técnica concluyó que el audio presentaba rasgos compatibles con contenido generado mediante inteligencia artificial. También se detectaron indicios de manipulación.
El conflicto se originó en mayo de 2025 con la difusión del material en redes sociales. En ese contexto, Roa vinculó al abogado con el llamado “cartel de la toga”. El término refiere a supuestas redes de influencia dentro del sistema judicial.
Antes del juicio oral, la querella solicitó seis meses de prisión y el pago de USD 20.000 como reparación. El argumento central fue el impacto negativo en la imagen del denunciante. La defensa de Roa sostuvo que el contenido ya circulaba previamente.
El juicio comenzó en abril de 2026 ante la jueza Mesalina Fernández. Durante las audiencias, la defensa intentó excluir pruebas clave, incluida la pericia del audio. Sin embargo, la magistrada rechazó los incidentes y admitió los elementos.
Roa declaró que no incurrió en difamación y que solo compartió un material existente. Señaló además que no podía confirmar su autenticidad. Por su parte, Duarte Cacavelos afirmó que la difusión afectó su actividad profesional.
Finalmente, el tribunal dictó la condena por difamación. Tras el fallo, Roa expresó: “No van a callar mi voz”. También afirmó que continuará con su labor de denuncia. El caso reabre el debate sobre redes sociales, inteligencia artificial y límites legales.
Fuentes: PDS Digital/El Observador
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