Óscar Lovera, ministro de Economía.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) evalúan los ingresos estatales. Las instituciones analizan la viabilidad de modificar el techo de gasto previsto para el presente ejercicio fiscal. Esta iniciativa busca obtener recursos financieros adicionales para honrar los compromisos acumulados con los proveedores del Estado. La decisión final depende directamente del comportamiento de la recaudación tributaria durante los próximos meses.
Actualmente, el límite de déficit para el cierre de 2026 está fijado en el 1,5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, el equipo económico estudia flexibilizar esta meta debido a que los ingresos no acompañan las proyecciones iniciales. La depreciación del dólar frente a la moneda local también genera un impacto negativo directo en la contabilidad pública. Por este motivo, las autoridades buscan alternativas técnicas viables para evitar una paralización en sectores sensibles.
El deterioro de las cuentas coincide con la acumulación de deudas importantes en salud y obras públicas. El ministro de Economía y el presidente Santiago Peña muestran preocupación ante un gasto que mantiene su ritmo expansivo. En contrapartida, los ingresos globales muestran señales claras de desaceleración en el mercado interno paraguayo. Las autoridades aguardan con cautela los informes de recaudación correspondientes al mes de junio para tomar definiciones.
Las empresas constructoras insisten al MEF sobre la necesidad de ampliar de manera urgente el techo de gasto público. Los gremios afirman que la medida permitirá destrabar los desembolsos pendientes con contratistas de la infraestructura vial. Para mitigar la situación, el Gobierno Central estructura un mecanismo financiero basado en la cesión de derechos de cobro o factoring. Este esquema busca dar liquidez inmediata a las corporaciones privadas mediante la intermediación bancaria.
A pesar de la propuesta oficial, los sectores farmacéutico y de la construcción ya presentaron diversas observaciones técnicas. Los proveedores manifestaron inquietud por el costo financiero asociado que sus estructuras empresariales tendrían que absorber de forma directa. La presente gestión busca desactivar la denominada economía de guerra heredada del periodo de Carlos Fernández Valdovinos. Para ello, la cartera fiscal cuenta con el respaldo técnico del titular de la DNIT, Óscar Orué.
Los balances estadísticos correspondientes al primer cuatrimestre del año reflejan un panorama complejo para la caja fiscal de Paraguay. Entre los meses de enero y abril, el déficit acumulado de la administración central sumó G. 3,1 billones. Dicho monto equivale a unos USD 485,3 millones y representa el 0,8% del Producto Interno Bruto del país. Este resultado evidencia un incremento frente al registro del año pasado, cuando el saldo negativo se situaba en 0,5%.
El indicador anualizado de la brecha fiscal ya supera la línea de los USD 1.300 millones, según datos oficiales. Asimismo, el saldo operativo del Estado se ubicó en G. 1,3 billones, equivalentes a USD 206,8 millones. La coyuntura despierta alertas en los analistas por el incremento en las necesidades de endeudamiento que esto generaría. Un aumento desmedido de los pasivos compromete de manera directa la sostenibilidad financiera de la República a mediano plazo.
Finalmente, el deterioro en las cuentas públicas representa un factor de riesgo para las metas macroeconómicas del Poder Ejecutivo. El retroceso en la consolidación fiscal podría retrasar la obtención del tercer grado de inversión para el país. Esta calificación es considerada clave por la administración de Peña para atraer capitales extranjeros y dinamizar el mercado. Desviarse de los compromisos asumidos ante los organismos multilaterales afectaría la reputación financiera internacional de Paraguay.
Fuente: LPO
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