La Sala Penal confirmó a los integrantes del Tribunal de Apelaciones que debían entender en la causa del exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre. Foto: Gustavo Machado.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por la defensa del exgobernador de Central, Hugo Javier González, contra integrantes del Tribunal de Apelaciones. Con esta resolución, el colegiado queda habilitado para estudiar la apelación relacionada con la elevación de la causa a juicio oral y público.
El proceso investiga un presunto perjuicio patrimonial de G. 18.384.427.005 en la Gobernación de Central entre los años 2019 y 2020. Hugo Javier y otros 16 acusados afrontan cargos vinculados a supuestos desvíos de fondos públicos destinados a organizaciones sin fines de lucro.
El exgobernador, conocido como “Número 2”, había sido imputado por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y apropiación. La Fiscalía sostiene que los desembolsos fueron ejecutados mediante aportes entregados para el financiamiento de 51 proyectos impulsados por distintas organizaciones.
Según la hipótesis del Ministerio Público, los recursos fueron transferidos a fundaciones y asociaciones civiles que habrían formado parte del esquema investigado. La acusación menciona inconsistencias documentales y falta de justificación técnica en varios de los proyectos financiados.
El requerimiento fiscal señala además que los desembolsos se concretaron sin planes de acción detallados, presupuestos desagregados ni especificaciones técnicas suficientes. También se cuestiona la ausencia de documentación respaldatoria en torno a la ejecución de los recursos públicos.
La Fiscalía agrega que las organizaciones beneficiadas no habrían presentado rendiciones de cuentas visadas por la Contraloría General de la República. Asimismo, sostiene que algunas entidades tampoco cumplieron con requisitos bancarios formales exigidos para la recepción de fondos estatales.
Mientras avanza este proceso judicial, Hugo Javier permanece en libertad ambulatoria. El Tribunal de Apelaciones deberá analizar ahora la apelación planteada contra la resolución que elevó la causa a juicio oral y público.
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El exgobernador ya cuenta con una condena previa en otra causa conocida como “obras fantasma”. En enero de 2025 fue sentenciado a 10 años de prisión por lesión de confianza y utilización de facturas falsas dentro de otro esquema investigado en la administración departamental de Central.
Fuente: ABC Color
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