Denuncia pública que apunta a un presunto uso irregular de medidas de exclusión de hogar desde los Juzgados de Paz.
La jueza de paz de Trinidad, Gloria Machuca, se encuentra en el centro de una grave denuncia pública que apunta a un presunto uso irregular de medidas de exclusión de hogar. De acuerdo con lo expuesto por la abogada Alejandra Peralta en su cuenta de X (ex Twitter) , diversos tribunales capitalinos ejecutan un modus operandi perjudicial para los ciudadanos de avanzada edad.
El sistema consiste en la utilización instrumental de denuncias de violencia doméstica, mayormente de carácter psicológico, promovidas por mujeres hacia adultos mayores. La abogada sostuvo que Machuca habría convalidado medidas cuestionadas en este tipo de procesos.
El mecanismo denunciado opera con celeridad mediante resoluciones de urgencia dictadas, según la denunciante, sin una evaluación suficiente de los elementos del caso. Ante la sola presentación de la denuncia por violencia, la magistrada interviniente ordena inmediatamente la exclusión del hogar del denunciado sin realizar un análisis riguroso de las pruebas. Como consecuencia directa, los afectados quedan despojados de sus residencias y expuestos a la vulnerabilidad de la vía pública. Mientras tanto, la contraparte retiene la posesión de la vivienda durante los meses que dure el trámite legal.
Este proceso judicial para intentar revertir la orden de exclusión dictada por la jueza Gloria Machuca suele extenderse debido a la burocracia de los juzgados de paz. Durante ese largo lapso, los adultos mayores quedan desamparados y desprotegidos ante denuncias que, denuncias que, de acuerdo con la abogada, luego son cuestionadas por falta de sustento.
Asimismo, la profesional señaló que este idéntico sistema de exclusión forzada es replicado con frecuencia por propios hijos o nietos. Estos familiares actúan con un presunto interés patrimonial sobre la vivienda del adulto mayor.
La denuncia enfatiza que las resoluciones firmadas por la jueza Gloria Machuca desvirtúan por completo el espíritu de la legislación protectora de género en Paraguay. Específicamente, la Ley 5777/16 fue diseñada para salvaguardar a las mujeres en situación de vulnerabilidad real.
Sin embargo, los operadores judiciales la aplican actualmente como un atajo legal para violar el derecho constitucional a la propiedad privada. La abogada aclaró que la falla radica en la absoluta falta de criterio de magistrados como la jueza de paz de Trinidad al emitir estas órdenes.
La falta de rigurosidad de la jueza Gloria Machuca se agrava al tratarse de un sector que constitucionalmente goza de protección especial por parte del Estado. En la práctica, Peralta graficó que una pareja ocasional de una sola noche puede acudir al despacho de la jueza Gloria Machuca y generar una exclusión inmediata del legítimo propietario. El dueño se ve obligado a abandonar su inmueble por una simple denuncia, perdiendo su hogar por resoluciones que, según la crítica planteada, no garantizarían suficientemente el derecho a la defensa.
Los cuestionamientos hacia la jueza Gloria Machuca no son nuevos dentro del ámbito legal. La mencionada magistrada arrastra antecedentes por haber dictado una polémica orden de censura previa en contra del empresario de medios Christian Chena y el medio RDN, por haber publicado denuncias de corrupción contra Gisele Mousqués y su marido Darío Filártiga cuando estaban al frente del IPS.
Asimismo, tras sus cuestionadas actuaciones en el ejercicio del cargo, la jueza de paz de Trinidad fue salvada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El JEM no aplicó sanción, decisión que contó con votos del sector político vinculado al senador Derlis Maidana, el movimiento Honor Colorado.
RDN se intentó comunicar con la jueza Gloria Machuca al celular con terminación 591 pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de la nota.
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