La decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de absolver a la jueza Gloria Machuca, quien impuso una censura sin precedentes contra RDN y Christian Chena, ha generado una nueva crisis institucional en Paraguay. El caso, que tiene como trasfondo denuncias de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS), revela las graves deficiencias del sistema judicial y sus vínculos con el poder político.
La notificación de absolución, recibida este lunes por Christian Chena, propietario de RDN, representa un duro golpe para la libertad de prensa en el país. La jueza Machuca había aplicado una insólita medida de censura contra el medio digital, utilizando de manera irregular la Ley N° 5.777/16 de protección integral a la mujer, para silenciar denuncias de corrupción pública.
Conexiones cartistas y chats comprometedores
El escándalo adquiere mayor relevancia tras la filtración de los polémicos chats de Lalo Gomes, que exponen las entrañas del JEM y sus vínculos con el cartismo. La participación del legislador cartista Derlis Maidana como preopinante en la absolución de Machuca ha levantado serias sospechas sobre la independencia del organismo.
La abogada Alejandra Peralta Merlo, representante legal de Chena, ha sido contundente al vincular esta decisión con las recientes revelaciones: “Los chats filtrados que salpican al JEM dan sentido a esta injusta absolución”. La letrada ha anunciado una ofensiva legal que incluye una acción de inconstitucionalidad y denuncias penales contra los miembros firmantes.
La batalla legal continúa en múltiples frentes
El caso tiene su origen en enero de 2024, cuando la jueza Machuca prohibió a RDN realizar publicaciones sobre Gisele Mousques, esposa del exdirector del IPS, quien había sido señalada en denuncias de corrupción. Esta medida fue posteriormente revocada por la jueza Rosanna Frutos Olguín, quien la calificó como censura previa inconstitucional.
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Sin embargo, el proceso se ha complicado con una acción de inconstitucionalidad pendiente en la Sala Constitucional, donde el ministro César Diesel actúa como preopinante. La defensa de RDN mantiene su determinación de agotar todas las vías legales para defender la libertad de prensa y el derecho a informar sobre casos de corrupción.
La persistencia de prácticas que atentan contra la libertad de expresión, respaldadas por instituciones que deberían garantizar la justicia, plantea serias preocupaciones sobre el estado de la democracia en Paraguay. El desenlace de este caso podría sentar un precedente crucial para el futuro del periodismo investigativo en el país.
