Foto: IPS
Una investigación de la Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social detectó un grave fraude empresarial mediante un esquema de ocultamiento de deudas de aporte obrero-patronal dentro de la previsional. Las maniobras delictivas consistían en la alteración de datos del Registro Único del Contribuyente y de los números de cédula de identidad en el sistema. Según revelan los documentos oficiales, estas operaciones irregulares se realizaron con el objetivo de limpiar de deudas los estados de cuenta de firmas aportantes y personas particulares. Esta manipulación sistemática de la base de datos institucional provocó un perjuicio patrimonial total que asciende a los G. 7.670.652.234.
El informe final, emitido en enero de 2026, abarca el análisis detallado de los movimientos registrados entre enero de 2024 y mayo de 2025. El documento de control institucional identifica en una primera nómina a unas 54 empresas y personas físicas asociadas directamente a estas modificaciones sospechosas. Los cambios en los registros de Aporte Obrero Patronal permitieron ocultar deudas que originalmente sumaban un monto de G. 7.224.881.318. Posteriormente, el equipo auditor descubrió otras operaciones múltiples aplicadas a cinco casos adicionales, lo que elevó la cifra definitiva del daño financiero. El medio periodístico Última Hora se hizo eco del hallazgo de este perjuicio millonario a la seguridad social.
El mecanismo delictivo utilizado consistía en modificar de forma deliberada los datos identificatorios de las patronales en el Registro Electrónico de Información. Esta plataforma informática otorga permisos específicos a determinados funcionarios de la dirección de Aporte Obrero Patronal para gestionar los perfiles de los empleadores. En lugar de borrar definitivamente los montos del balance general del IPS, los operadores adulteraban las identidades de las cuentas afectadas. La obligación financiera no desaparecía de los servidores estatales, pero dejaba de figurar asociada al nombre del deudor real del sector privado.
A consecuencia de estas alteraciones informáticas clandestinas, las empresas beneficiadas lograban exhibir un estado de cuenta completamente limpio de obligaciones pendientes. El saldo en mora pasaba a visualizarse bajo la titularidad de contribuyentes ajenos, registros inexistentes o identidades falsas. Contar de manera irregular con un certificado de cumplimiento ante la previsional facilitaba a las firmas la realización de trámites administrativos. De esta forma, las patronales morosas lograban participar en licitaciones públicas y gestionar documentos oficiales que exigen demostrar que están al día.
La auditoría discrimina las firmas que obtuvieron saldos en cero tras ser migradas sus obligaciones a otros usuarios de la plataforma. Entre las organizaciones con mayores montos destaca la Empresa de Transporte Padre Fidel Maíz SRL, con una deuda de G. 885 millones. Le sigue la firma Da Vinci SA con G. 658 millones, y el aportante Claudio Silvero Báez con G. 552 millones. Asimismo, aparecen las entidades Paludo SA con G. 500 millones, Jaime Blas Narciso Campos Ortiz con G. 430 millones, Jorge Samudio Ferreira con G. 426 millones y Multi-Servicios SA con G. 355 millones.
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El listado de la previsional incluye además a otras empresas reconocidas de diferentes rubros de la actividad económica del país. Entre ellas figuran Milano Internacional SA, Víctor y Romi SRL, Rancho Ysapy SA, Agro Ganadera Monte Alto SA y Makin’g Group SA. Igualmente, la nómina menciona a Mercado Móvil SRL, Importquartz SA, Osorio Card SA, Carrocería Paraguaya SA, Empresa de Transporte Ñane Reta SA y Tatter SRL.
Entre las personas físicas implicadas se encuentran Gladys Leonor Ovelar Gómez de la Fuente, Luciana Arce, Juan Ángel López, Cirila Santander, Édgar Fabián Bogarín Villalba y Gustavo Adolfo Leiva.
Las modalidades implementadas para tapar la morosidad patronal incluyeron traslados de cuentas a firmas inexistentes y a personas ya fallecidas. Un caso documentado corresponde a Empresa de Transporte SA, firma activa desde 1990 cuyo RUC no figura ante la DNIT. Esta entidad fantasma absorbió la deuda de G. 891 millones que pertenecía a la Empresa de Transporte Padre Fidel Maíz SRL. En otro hecho, los saldos en mora fueron transferidos a nombre de Tomás Arce Verón, un ciudadano difunto que actualmente registraría 117 años de edad. Esta maniobra permitió a la deudora original tramitar un crédito bancario por G. 159 millones.
A los antecedentes recopilados por los auditores se sumó la denuncia de Lucía Ninfa Franco de Gómez, una mujer jubilada. La afectada descubrió que figuraba de manera irregular como propietaria de una empresa ganadera con cinco empleados a su cargo. El registro apócrifo arrastraba una deuda acumulada que superaba los G. 290 millones ante la caja del seguro social. La denunciante aseguró formalmente ante las autoridades administrativas que nunca fue dueña de una firma ni desarrolló actividades ganaderas.
La investigación interna identificó los nombres de 14 funcionarios cuyos perfiles informáticos del sistema REI realizaron los cambios de datos. La funcionaria Analía Aide Machuca Caballero, con la cuenta “anamachu”, concentró la mayor cantidad de transacciones indebidas con 55 modificaciones. Por su parte, la funcionaria María Lorena González denunció ante sus superiores el uso no autorizado de su clave personal. El empleado Renán Leguizamón mantuvo sus privilegios de administrador del sistema aun cuando ya se había solicitado revocar sus accesos.
La lista de usuarios conectados a los cambios incluye a Fidelina Almada Benítez con siete registros y Jazmín Rocío Díaz López con cuatro. Los auditores también identificaron las claves de Albert Martínez Romero, Rodrigo Fabián Zelaya, Lis Mabel Pereira Krissel y Albino Vallejos Gracia.
Completan la nómina de cuentas Juan Manuel Álvarez, Elizabeth Frey, Robert Acosta, Luis Adolfo Bobadilla Colman, Liliana Patiño y Osvaldo Bareiro. Las autoridades del IPS concluyeron que estas conductas podrían constituir los delitos de alteración de datos y sabotaje informático.
No obstante, la previsional aclaró que todavía no se puede conectar formalmente el uso de las cuentas con los funcionarios.
Fuente: Última Hora
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