Defensa Pública plantea reformas para trámites de adopción
El Ministerio de la Defensa Pública impulsó nuevas medidas para transformar el sistema de protección infantil en Paraguay. La institución busca agilizar adopciones y priorizar el bienestar de los menores vulnerables.
Esta iniciativa institucional procura frenar prácticas irregulares conocidas como entregas directas. El plan central apunta a que las personas inscriptas para adoptar puedan operar también como familias acogedoras. De esta manera, brindarán contención mientras la justicia define la situación legal del niño o la niña.
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Para concretar esta reforma, el organismo solicitó modificar formalmente dos decretos vigentes en el país:
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El Decreto N° 5402/2021, que reglamenta la Ley N° 6486/2020 de “Promoción y Protección del Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes a Vivir en Familia, que Regula las Medidas de Cuidados Alternativos y la Adopción”.
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El Decreto N° 2632/2024, que aprueba el Programa Nacional de Cuidado Alternativo y Adopción para operativizar abrigos residenciales, familias de acogida y procesos de adopción.
¿Qué desajuste busca corregir la reforma de adopciones?
Los registros oficiales reflejan un desbalance evidente en el sistema paraguayo. Entre 2024 y 2025, solo una de cada 22 adopciones provino del registro formal de postulantes sin vínculos previos. Por el contrario, las otras 21 adopciones se completaron con familias que ya ejercían una guarda temporal.
Por esta razón, la propuesta del Ministerio de la Defensa Pública contempla tres claves operativas:
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Más familias temporales: Aumentar los postulantes habilitados, evaluados por la Dirección General de Cuidados Alternativos (DICUIDA), para garantizar hogares estables durante el proceso.
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Menos burocracia: Reducir los tiempos procesales de espera y evitar largas estadías en abrigos institucionales.
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Coordinación estatal: Armonizar las gestiones de cuidado alternativo y adopción para ganar transparencia y eficiencia.
Medidas firmes contra las entregas directas de menores
La Defensa Pública busca cortar la consolidación de entregas directas de niños en todo el territorio nacional. Con frecuencia, estas vías irregulares intentan legalizarse luego alegando el tiempo compartido y los lazos de afecto generados. Por ello, la institución emitió la Circular D.G. N° 02/2026 para fijar pautas obligatorias de actuación.
Esta normativa interna ordena una estricta hoja de ruta a los Defensores Públicos de la Niñez de la República. Cualquier pedido de guarda formulado por terceros deberá someterse a una rigurosa evaluación de la DICUIDA. Con estas determinaciones, el Estado paraguayo busca erradicar la improvisación judicial y administrativa. La meta institucional consiste en proteger con firmeza y rigor técnico los derechos de la infancia vulnerable.
Fuente: ABC Color
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