Imputan a mujer por cobrar pensión y causar perjuicio de G. 176 millones

La Fiscalía sostiene que presentó una constancia como soltera, aunque registros oficiales indican que estaba casada desde 1996.

Una mujer de 57 años fue imputada por presunta estafa tras cobrar durante 15 años una pensión vinculada a su padre militar fallecido. El Ministerio Público sostiene que el beneficio fue percibido de manera irregular entre enero de 2008 y marzo de 2023. El perjuicio patrimonial estimado supera los G. 176 millones.

La causa está a cargo del fiscal Francisco Torres, de Asunción. Según la imputación, la mujer solicitó el beneficio el 18 de junio de 2007 ante el Ministerio de Defensa Nacional. Lo hizo en carácter de hija con discapacidad de un teniente coronel fallecido. Para acceder a la pensión presentó varias documentaciones personales.

Entre esos documentos figuraba una constancia de la Dirección General del Registro del Estado Civil. El certificado, fechado el 5 de febrero de 2007, indicaba que la mujer no había contraído matrimonio en Asunción. Sin embargo, registros posteriores revelaron que estaba casada desde varios años antes.

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Pensión habría sido cobrada pese al matrimonio

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones detectó la situación luego de solicitar informes al Registro del Estado Civil. La institución recibió copias de actas de matrimonio correspondientes a varias beneficiarias. Entre ellas apareció la imputada, quien había contraído matrimonio el 19 de octubre de 1996.

La normativa vigente establece condiciones específicas para los hijos de pensionados fallecidos. Estos deben ser solteros y menores de edad, salvo aquellos que presenten alguna discapacidad. En este caso, la investigación no cuestiona inicialmente la condición de discapacidad alegada por la mujer, sino la información presentada sobre su estado civil.

La imputada había presentado una constancia de incapacidad expedida por el IMPRO el 16 de febrero de 2007. También entregó su certificado de nacimiento, antecedentes penales y constancia de vida y residencia. A estos documentos se sumó el certificado de defunción de su padre.

Fiscalía calcula perjuicio superior a G. 176 millones

Según el Ministerio Público, el supuesto perjuicio ocasionado a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones asciende a G. 176.222.894. El monto corresponde a pagos realizados entre enero de 2008 y marzo de 2023. La Fiscalía considera que la mujer habría accedido y mantenido el beneficio mediante información incorrecta sobre su situación matrimonial.

La investigación deberá determinar ahora las responsabilidades penales vinculadas al cobro de la pensión. La imputación por estafa se sustenta en la presunta omisión de su verdadero estado civil al solicitar el beneficio. Los registros oficiales indican que llevaba aproximadamente 11 años casada cuando inició el trámite.

Fuente: ABC C.

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