Aneaes plantea auditar títulos de funcionarios tras caso Rivas

La condena judicial contra Hernán Rivas tuvo repercusiones en el ámbito político. A raíz del caso, la Aneaes planteó la necesidad de auditar los títulos académicos de funcionarios y autoridades públicas, con el objetivo de detectar y frenar el uso de documentos irregulares dentro del Estado.

Rivas fue hallado culpable de utilizar un diploma falso, documento con el que el exlegislador llegó a representar al Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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José Duarte Penayo, presidente de la Aneaes, encabeza el planteamiento. Sostuvo que las instituciones cuentan con atribuciones legales suficientes para verificar la autenticidad de los títulos registrados en organismos estatales.

A su criterio, la revisión debe comenzar por las altas autoridades del Gobierno y extenderse a funcionarios públicos que ocupan cargos de responsabilidad. También consideró necesario poner especial atención en las universidades sobre las que existen sospechas o antecedentes de irregularidades.

Duarte Penayo advirtió sobre la gravedad de los problemas que atraviesa el sistema universitario y reclamó medidas inmediatas contra los responsables. Según señaló, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispone de la capacidad técnica necesaria para realizar una auditoría que abarque a los tres poderes del Estado.

El control, explicó, debería concentrarse en aquellos certificados que generen dudas y en instituciones que operen al margen de las evaluaciones y exigencias previstas en la normativa.

¿Cómo auditar los títulos de funcionarios del Estado?

El titular de la Aneaes cuestionó duramente el funcionamiento actual del sistema y volvió a advertir sobre la existencia de las denominadas “carreras fantasma”.

“El Ministerio de Educación está en condiciones de hacer una auditoría general”, afirmó.

Duarte Penayo sostuvo que existen instituciones que habrían convertido la expedición de títulos en un negocio irregular, mediante prácticas que simulan procesos académicos que en realidad no cumplen con las exigencias legales.

En ese contexto, consideró que una fiscalización amplia permitiría sentar un precedente y contribuiría a ordenar el sistema de educación superior.

El control de los títulos de autoridades y funcionarios también permitiría confirmar la validez de sus antecedentes académicos. La Aneaes, además, viene alertando sobre numerosas irregularidades detectadas en los últimos años.

De acuerdo con Duarte Penayo, en un periodo de tres años se registraron cerca de 100.000 títulos con irregularidades. Ante esta situación, el organismo pidió una intervención más rigurosa y la revisión de más de un centenar de carreras de Derecho que, según denunció, funcionarían sin ajustarse plenamente a la normativa vigente.

La responsabilidad estatal ante los diplomas irregulares

Para Duarte Penayo, el problema va mucho más allá del caso individual de Hernán Rivas y revela fallas estructurales dentro del sistema.

El titular de la Aneaes también apuntó a los organismos encargados del registro y control de la documentación académica. Cuestionó el papel desempeñado por el MEC y sostuvo que durante años existieron mecanismos que facilitaron el funcionamiento de este tipo de irregularidades.

En ese sentido, reclamó sanciones firmes contra los responsables.

“Las cabezas tienen que ser cortadas y tiene que haber medidas firmes contra los responsables”, aseveró.

Duarte Penayo insistió en que la responsabilidad no recae únicamente sobre las universidades. Según afirmó, también existiría participación de funcionarios públicos vinculados a redes dedicadas a gestionar o comercializar certificaciones académicas de manera irregular.

Por esa razón, consideró indispensable fortalecer los controles y avanzar con investigaciones que permitan identificar responsabilidades y desarticular estos esquemas.

Actualmente existen mecanismos legales para llevar adelante una fiscalización de este tipo. El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), por ejemplo, cuenta con atribuciones y puede coordinar acciones con el MEC, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General.

El Congreso también podría intervenir en el proceso. En el Poder Legislativo funciona actualmente una comisión dedicada a investigar casos relacionados con títulos falsos.

Duarte Penayo planteó que esta instancia participe activamente en una eventual revisión general, con el objetivo de transparentar la documentación académica de las autoridades y funcionarios del Estado paraguayo.

Fuente: ABC Color