Diputados define el controvertido aumento de penas por denuncia falsa

La Cámara de Diputados analizará mañana el controvertido aumento de penas por denuncia falsa. Este proyecto figura como primer punto del orden del día. La propuesta legislativa retorna del Senado con modificaciones menores. El documento cuenta con dictamen favorable para su aceptación. Por ello, el texto podría quedar sancionado en esta sesión. Así, pasaría al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El diputado cartista Yamil Esgaib impulsó la reforma original. Plantea modificar el artículo 289 del Código Penal Paraguayo. La esencia del plan busca elevar la pena máxima. Actualmente, el castigo llega hasta cinco años de cárcel o multa. Con el cambio, la sanción subirá hasta seis años de prisión. Esto convertirá el hecho en un crimen, dejando de ser un delito. Además, se impone una compensación económica.

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Los senadores agregaron precisiones a la redacción inicial del proyecto. Establecieron que el aumento aplica a hechos antijurídicos considerados crímenes. También incluyeron la aplicación del artículo 59 del Código Penal. En una audiencia pública, juristas alertaron sobre un riesgo legal. Argumentaron que la composición ya existe en la legislación actual. Por lo tanto, el texto original de Esgaib supondría una sobrelegislación.

Diputado @YAMILESGAIB mencionó que aspectos que tuvo en cuenta en su proyecto para aumentar penas por denuncia falsa. pic.twitter.com/iFyTS2D2xo

— Luis Acosta (@lacostasoy) September 29, 2026

Dudas sobre el aumento de penas por denuncia falsa

Durante el debate parlamentario surgieron fuertes cuestionamientos legales. Legisladores opositores advirtieron sobre las consecuencias sociales del texto. Señalaron que la ley podría desincentivar acusaciones reales. Esto afectaría principalmente a las víctimas de violencia machista. Las mujeres ya enfrentan miedo al denunciar a sus agresores. También sienten profunda desconfianza hacia el sistema judicial paraguayo. La inacción estatal suele terminar en tragedias de feminicidio.

Temor a la injerencia política en la justicia

Las dudas aumentan por la fragilidad del sistema de justicia. Existen antecedentes recientes de presunta manipulación institucional. Un ejemplo es el caso del exsenador cartista Hernán Rivas. El legislador fue señalado por operar como un abogado “mau”. Pese a ello, Rivas juzgaba a jueces y fiscales. Esta situación evidencia una clara injerencia y sometimiento político. Así, magistrados influenciados podrían usar la ley para perseguir causas.

¿Un blindaje contra acusaciones de corrupción?

La norma también podría desalentar denuncias de corrupción pública. Un caso reciente ilustra este severo riesgo institucional. Varios legisladores denunciaron el supuesto esquema de los “Pupitres Chinos”. Acusaron a Justo Zacarías Irún, actual titular de Itaipú. Los denunciantes expusieron una presunta sobrefacturación millonaria en la binacional. Sin embargo, la Fiscalía desestimó rápidamente todos los cargos. Con la nueva ley, estas denuncias podrían castigarse con prisión.

Sanción inminente en la Cámara Baja

El panorama legislativo favorece ampliamente al oficialismo. La Comisión de Justicia aconseja aprobar las modificaciones del Senado. Este órgano está presidido por el propio diputado Esgaib. Esta situación hace suponer que habrá votos para allanarse. Por consiguiente, el proyecto quedaría sancionado durante la sesión. Finalmente, el texto será remitido al Poder Ejecutivo. El presidente decidirá si promulga o veta la polémica ley.

Fuente: ABC Color