Gremios exigen seguridad jurídica tras el caso Hernán Rivas

Organizaciones exigen investigar fallas institucionales tras la condena del exsenador Rivas para proteger la economía.

Cinco organizaciones paraguayas emitieron un duro pronunciamiento público en el que cuestionaron las graves fallas en los controles del Estado y advirtieron que la falta de seguridad jurídica representa una debilidad para el país, especialmente en momentos en que Paraguay busca atraer más inversiones del exterior.

Los gremios reclaman reglas claras, previsibles y una aplicación igualitaria de las normativas vigentes.

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El pronunciamiento surge tras la reciente condena del exsenador Hernán Rivas y apunta directamente a responsabilidades políticas e institucionales. El documento fue firmado por la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), el Club de Ejecutivos, Horizonte Positivo y Pacto Global.

Las organizaciones reconocen que Paraguay cuenta actualmente con grado de inversión, pero advierten que todavía persisten prácticas estatales que ponen en duda la solidez de sus instituciones.

Pronunciamiento conjunto de la ADEC, Centro de Importadores del Paraguay, Club de Ejecutivos, Horizonte Positivo Paraguay y Pacto Global Red Paraguay.

¿Qué revelan las fallas de control en el caso Hernán Rivas?

La declaración toma el caso de Hernán Rivas como ejemplo de las debilidades existentes dentro del aparato estatal. Según las organizaciones, el proceso evidenció graves grietas institucionales, ya que el exlegislador logró superar distintos filtros y ocupar cargos de alta responsabilidad pública sin mayores impedimentos.

Ante esta situación, los gremios exigen una investigación profunda que permita determinar qué falló en los procesos de revisión y verificación de antecedentes.

También reclaman explicaciones claras de las autoridades competentes y que quienes intervinieron en estas designaciones rindan cuentas.

“Cuando las instituciones fallan, el costo nunca es abstracto”, señala el pronunciamiento. Las organizaciones advierten que las consecuencias terminan afectando a ciudadanos, trabajadores y empresas, con un impacto todavía mayor sobre los sectores más vulnerables.

El vínculo entre seguridad jurídica e inversión

El planteamiento de los gremios también tiene una clara dimensión económica. Las decisiones de inversión, sostienen, dependen de la existencia de reglas estables, instituciones confiables y controles estatales que funcionen como corresponde.

Quienes generan empleo necesitan tener certeza de que las leyes se aplicarán de manera efectiva y que los mecanismos de control cumplirán con su función.

Paraguay busca consolidarse como un destino atractivo y previsible para el capital internacional. Sin embargo, las organizaciones advierten que esa imagen debe estar acompañada por prácticas internas coherentes.

“Lo que se promete afuera debe poder verificarse adentro”, subraya el comunicado.

En ese sentido, señalan que el crecimiento macroeconómico y las buenas calificaciones crediticias no son suficientes por sí solos. La credibilidad también depende de instituciones capaces de asumir responsabilidades y de generar consecuencias reales cuando los controles preventivos fracasan.

Preocupación por registros públicos y embargos irregulares

El reclamo no se limita al caso de Hernán Rivas. Las organizaciones también alertan sobre debilidades operativas en distintos sistemas de registro y cuestionan irregularidades que, según señalan, se repiten en procesos judiciales, registros educativos y patrimoniales.

También mencionan fallas recurrentes en los sistemas de notificación y otras deficiencias que terminan afectando de manera directa a numerosas familias paraguayas.

El pronunciamiento recuerda además casos de embargos financieros ejecutados sin que los verdaderos afectados hayan tenido conocimiento previo, así como otras actuaciones procesales que avanzan sin una comunicación adecuada a los ciudadanos.

Ante este escenario, los gremios reclaman bases de datos estatales trazables, sistemas informáticos seguros y mecanismos de registro que ofrezcan información confiable.

Reformas urgentes para fortalecer la seguridad jurídica

Las organizaciones plantean la necesidad de aplicar sanciones efectivas y establecer consecuencias políticas, administrativas y judiciales para quienes resulten responsables de las fallas detectadas.

También piden reforzar los mecanismos preventivos de control, especialmente en los procesos de nombramiento para cargos de alta responsabilidad pública.

Aseguran que cualquier investigación debe permitir identificar con claridad dónde se produjeron las fallas y quiénes tuvieron responsabilidad en ellas.

El sistema de justicia ocupa un lugar central dentro de los reclamos. Los gremios exigen mayor independencia, profesionalización institucional y el fin de los privilegios asociados a posiciones de poder o influencia.

Sostienen que todos los ciudadanos deben estar sometidos a los mismos estándares legales y que el fortalecimiento institucional es indispensable para sostener el crecimiento económico del país.

Para las organizaciones, la confianza en las instituciones no es un aspecto secundario: constituye uno de los pilares para atraer inversiones, generar empleo y consolidar el desarrollo de Paraguay.

Fuente: ABC Color

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