Corte Suprema investiga a funcionarios con títulos de la Universidad Sudamericana
El ministro Manuel Ramírez Candia solicitó una investigación sobre los funcionarios con títulos de la Universidad Sudamericana. El pedido se realizó ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa busca identificar la cantidad de trabajadores judiciales que poseen estos diplomas de abogados. Posteriormente, la máxima instancia pretende verificar la regularidad de dichos documentos académicos. Esta revisión responde a los cuestionamientos públicos hacia la casa de estudios.
La Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial es la encargada de elaborar el reporte requerido. El objetivo central radica en auditar los diplomas de abogados calificados como documentos exprés. Esta institución académica se encuentra fuertemente cuestionada por los certificados que expide en la actualidad. De esta misma entidad obtuvo su título de abogado el exsenador Hernán Rivas. Por este motivo, el ministro decidió impulsar la verificación interna en el ente.
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Durante la sesión plenaria, Ramírez Candia justificó su solicitud ante los demás ministros presentes. El magistrado mencionó la existencia de publicaciones periodísticas referidas a este polémico tema.
Las notas señalan que varios empleados tendrían egresos universitarios tras un cursado de tres años. “Entonces, la solicitud es que se pida un informe de Recursos Humanos para verificar la cantidad de funcionarios que tienen título expedido por esa universidad y eventualmente después someter a un análisis de regularidad de eso”, manifestó.
🔍Funcionarios judiciales que serían «colegas» de Rivas estarán en la mira
⚖️El ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, solicitó a la Dirección General de Capital Humano que se remita un informe sobre funcionarios judiciales que se habrían recibido de «abogados» en la… pic.twitter.com/OeJWLnf3aa
— Roberto Pérez (@robertoperezpy) October 1, 2026
Verificación de los títulos de la Universidad Sudamericana
El presidente de la Corte Suprema respondió inmediatamente al planteamiento durante la sesión. Alberto Martínez Simón indicó que ya existen gestiones administrativas previas sobre este punto. Estas acciones institucionales iniciaron semanas atrás por un requerimiento externo formalizado. El pedido original fue impulsado por la Contraloría General de la República. Ante esta primera solicitud, la oficina de Recursos Humanos ya había remitido un informe de carácter parcial.
Desde la Secretaría del máximo tribunal se informó sobre el estado de estas documentaciones. Actualmente, los funcionarios de la dependencia realizan diversos estudios complementarios al primer reporte entregado. Ante la nueva solicitud del Pleno, se pedirá la remisión inmediata del informe actualizado. Los datos deben estar listos para que el documento oficial pueda ser entregado finalmente. El proceso busca garantizar plenamente la legalidad en la formación de los funcionarios.
El procedimiento continuará una vez que el reporte definitivo ingrese a la Secretaría judicial. A partir de ese momento, el documento será circulado a los gabinetes de los ministros. Esta distribución interna se realizará en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la presidencia. De esta manera, las altas autoridades evaluarán la situación académica del personal involucrado en el caso. El análisis final buscará certificar que todos los documentos cumplan con las normativas nacionales vigentes.
Fuente: El Nacional
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