Contraloría detectó inconsistencias en 1.090 títulos de funcionarios de 35 instituciones y denunció ante Fiscalía

El informe preliminar alcanza a 1.082 funcionarios y revela problemas de control en instituciones estatales y carreras universitarias.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó 1.090 títulos académicos con inconsistencias documentales, correspondientes a 1.082 funcionarios públicos. Los hallazgos surgieron de una investigación preliminar realizada en 35 instituciones del Estado paraguayo. Ante las presuntas irregularidades, el organismo presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades penales.

El senador Patrick Kemper, presidente de la Comisión Especial de Investigación del Senado, informó sobre los resultados iniciales. Explicó que los casos identificados requieren verificaciones individuales antes de establecer conclusiones. También señaló deficiencias en los controles institucionales, los sistemas informáticos y la distribución de responsabilidades administrativas.

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Por su parte, el contralor general, Camilo Benítez, advirtió que la investigación todavía no refleja la totalidad del problema. Al momento del informe, faltaban respuestas de 221 organismos públicos y 27 instituciones educativas. El universo de funcionarios que debe examinarse alcanza aproximadamente a 94.000 personas.

Contraloría cuestiona controles sobre títulos universitarios

El informe también identificó 877 ofertas académicas sin acreditación vigente dentro del grupo analizado. De ellas, 184 corresponden al área de salud. Estos hallazgos motivaron cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión de las carreras universitarias y sus requisitos de calidad.

Benítez criticó al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) por las deficiencias detectadas en el control de habilitaciones. Además, mencionó limitaciones de infraestructura y personal dentro del organismo. Ante esta situación, sugirió evaluar la suspensión temporal de nuevas habilitaciones mientras se reorganizan los procedimientos de supervisión.

Fiscalía investigará presuntas irregularidades documentales

Entre las instituciones examinadas figura el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Según Benítez, algunas universidades informaron que determinados funcionarios no cursaron los estudios correspondientes a los títulos presentados. La Contraloría también identificó cuatro casos dentro de su propia institución, donde ya comenzaron sumarios administrativos.

La revisión todavía no incluye al Poder Judicial, al Ministerio Público ni al Congreso Nacional. Tampoco contempla trabajadores del sector privado. El contralor aclaró que las respuestas proporcionadas por las universidades podrían contener errores y deberán contrastarse antes de confirmar irregularidades.

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La denuncia presentada ante la Fiscalía busca esclarecer los hechos detectados durante esta primera etapa. Benítez insistió en que el problema también involucra la responsabilidad estatal de supervisar las carreras universitarias. La investigación continuará mientras se reciben los informes pendientes de organismos públicos e instituciones educativas.

Fuente: ABC Color

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