El Ministerio Público confirmó un esquema delictivo que desvió millonarios fondos mediante la clonación de facturas y la colaboración de proveedores que emitieron facturas sin prestar servicios. El perjuicio asciende a G. 18.300 millones, desembolsados a cinco Organizaciones No Gubernamentales (ONG) entre 2019 y 2020.
El exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, junto con otros 32 procesados, fueron acusados por el Ministerio Público de causar este daño patrimonial. Para justificar las transferencias, se creó un “esquema delictivo” que involucraba a funcionarios de la Gobernación, proveedores y miembros de las organizaciones.
#AHORA Otorgan arresto domiciliario para Hugo Javier González
Es investigado por un presunto desvío de G. 18.300 millones durante su administración en la Gobernación de Central. #1020AM pic.twitter.com/9awvOHFm39
— Radio Ñandutí (@nanduti) November 29, 2022
Según la Fiscalía de Delitos Económicos, este esquema inventó 51 proyectos con “dolo directo de primer grado” para causar el millonario perjuicio. El fiscal Silvio Corbeta confirmó que varias facturas fueron clonadas para justificar los desembolsos realizados a las diferentes ONG, por bienes o servicios que no fueron adquiridos o prestados.
Funcionarios del Ministerio Público confirmaron las sospechas al constatar que varios comercios cuyas facturas aparecieron en las oficinas de la Gobernación nunca emitieron estos comprobantes a nombre de ninguna organización relacionada con la institución departamental. Es decir, las facturas son falsas.
Además, varios proveedores “prestaron su colaboración” a la estructura delictiva y emitieron facturas por provisión de bienes o servicios que tampoco fueron prestados. Muchos de ellos admitieron los hechos y solicitaron beneficios procesales, proporcionando datos que precisaron la conducta de los acusados.
HUGO JAVIER SE EXPONE A 10 AÑOS DE CÁRCEL |⚖
Perjuicio patrimonial de G. 18.384.427.005 a la Gobernación de Central.
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El fiscal Corbeta también destacó que varias facturas de diferentes supuestos proveedores fueron completadas con la misma caligrafía y que, según un informe de la Contraloría General de la República, estos comprobantes aparecen en las rendiciones de cuentas hechas por las firmas beneficiadas y también por la Gobernación.
Finalmente, se reveló que gran parte del monto desviado no tiene respaldo documental y que algunas facturas se emitieron hasta un año después de los desembolsos realizados. Se solicitó que el caso sea elevado a juicio oral y público.
Fuente: ABC Color.
