Sindicatos paraguayos criticaron duramente al Gobierno tras la sanción de tres leyes laborales clave: la reforma de la Ley de Mipymes, la Ley de Carrera Civil y el nuevo cálculo de jubilación de IPS. Según las centrales obreras, estas normativas fueron aprobadas de forma acelerada, sin consulta ni debate con los trabajadores, quienes califican el proceso de arbitrario.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central General de Trabajadores (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) y la Central Paraguaya de Trabajadores (CPT) emitieron un comunicado conjunto denunciando la exclusión en las discusiones previas a la sanción de estas leyes. Los gremios sostienen que el Gobierno y el sector empresarial tomaron las decisiones sin la participación del sector laboral.
“La aprobación de estas leyes se dio en un solo día, en diciembre, sin respetar los canales formales ni los procedimientos adecuados, evadiendo el debate en audiencias públicas”, reza el comunicado.
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Mirtha Arias, presidenta de la CUT y coordinadora de la Mesa Sindical, afirmó que el pronunciamiento responde a la narrativa gubernamental de haber consensuado previamente con los trabajadores. “El diálogo fue solo entre el Ministerio de Trabajo y los empresarios; no hubo participación de los gremios laborales”, expresó Arias.
Los sindicatos calificaron al actual Parlamento como “el peor de la era democrática”, criticando su prepotencia y falta de apertura al debate público. “Es un atropello directo contra los derechos de los trabajadores, promovido por un Ejecutivo que se apoya en su mayoría legislativa para imponer decisiones unilaterales”, señalaron las centrales obreras en su comunicado.
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Entre las leyes sancionadas, la reforma de la Ley de Mipymes busca formalizar pequeños emprendimientos, pero los sindicatos temen que reduzca derechos laborales. Por otro lado, los cambios en la Ley de Carrera Civil y el cálculo de la jubilación de IPS han generado incertidumbre entre los trabajadores por posibles ajustes desfavorables.
En respuesta, las centrales obreras declararon como personas no gratas a los legisladores y representantes gubernamentales responsables de estas leyes. Reiteraron la necesidad de un diálogo social inclusivo que contemple las preocupaciones de todos los sectores afectados.
Fuente: Última Hora
