El Banco Nacional de Fomento (BNF) ya no deberá pagar los casi G. 30.000 millones que reclamaban Nancy Lucina Godoy y su esposo Raúl Alberto Rodríguez Ferreira, ambos condenados por el escandaloso caso de desvío de fondos del programa “vaso de leche”. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia que había favorecido a la pareja.
Godoy y Rodríguez habían promovido un juicio contra el BNF por supuestos daños y perjuicios derivados de una presunta responsabilidad extracontractual. Alegaron que entre 2008 y 2010 fueron víctimas de fraude mediante cheques falsificados que, según ellos, se habrían procesado con complicidad de funcionarios bancarios.
#ALaGran730 Salvan al BNF de cubrir millonaria demanda a favor de proveedora condenada Nancy Godoy
«El juez Guillermo Trovato dijo que los funcionarios del Banco de Fomento no son funcionarios públicos. Ella decía que los cheques no eran suyos pero, a la par, había esperado dos… pic.twitter.com/PAfsLNJLy7
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) May 8, 2025
En su presentación judicial, señalaron que se emitieron 187 cheques sin autorización, causando un perjuicio de más de G. 8.000 millones a Rodríguez y G. 1.481 millones a Godoy. Reclamaban además intereses, costas judiciales y otros rubros que elevaban la cifra total a cerca de G. 30.000 millones.
El juez José Guillermo Trovato había dado la razón a los demandantes en primera instancia, ordenando al BNF el pago de esa suma. Sin embargo, el banco apeló la decisión y ayer la Cámara de Apelaciones dictó sentencia a su favor, rechazando la demanda presentada también contra la aseguradora SAECA.
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El trasfondo del caso no pasa desapercibido: Nancy Godoy fue una de las proveedoras implicadas en el caso “vaso de leche”, que involucró el desvío de fondos públicos en una licitación del año 2012. Para evitar una condena más severa, reconoció su responsabilidad y devolvió G. 3.400 millones al Estado.
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Pese a sus antecedentes, Godoy sigue apareciendo en registros oficiales como proveedora del Estado, esta vez vinculada al programa “Hambre Cero”. En noviembre del año pasado, el Tribunal de Sentencia ordenó que todos los implicados en el caso reparen el daño ocasionado al Estado, con una suma superior a los G. 3.000 millones.
Con este nuevo fallo, el Poder Judicial evita que el BNF —y por ende el Estado— asuma el millonario pago solicitado por una pareja con condena vigente por corrupción.
Fuente: ABC Color
