Un grupo de egresados de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) presentó una nota solicitando a la rectora Zully Vera de Molinas la suspensión de toda relación institucional con el Estado de Israel. El documento, entregado este martes en el Rectorado, cuestiona la continuidad de acuerdos de cooperación académica y actividades conjuntas con un Estado señalado internacionalmente por la comisión sistemática de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos en Gaza.
El pedido menciona que mantener vínculos institucionales en el actual contexto representa una decisión incompatible con los valores que deben regir a una universidad pública. Según los firmantes, la reciente visita del embajador israelí Amit Mekel a la UNA el 13 de mayo, en el marco de una actividad oficial, constituye una legitimación tácita de acciones condenadas por organismos humanitarios internacionales.
Los egresados expresaron su preocupación por el impacto del conflicto en la infraestructura educativa palestina. Señalan que antes de octubre de 2023, la Universidad Islámica de Gaza albergaba a más de 17.000 estudiantes, de los cuales más del 60 % eran mujeres. Actualmente, aseguran, ningún campus universitario continúa en pie en la Franja de Gaza. Alegan además que los ataques han afectado también hospitales, centros de atención humanitaria y personal de rescate.
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Citan informes del Sindicato de Periodistas Palestinos, que reportan más de 200 trabajadores de prensa asesinados por ataques de las fuerzas israelíes. Esto, afirman, convierte al conflicto en el más letal registrado para comunicadores, y representa una amenaza directa al derecho a la información. También hacen referencia al hallazgo de una fosa común en Rafah por parte de la Media Luna Roja Palestina y la ONU, que contenía los restos de paramédicos y trabajadores humanitarios.
Exigen postura institucional de la UNA
Los egresados solicitan que la Universidad Nacional de Asunción adopte una postura clara de distanciamiento institucional frente a estos hechos. Proponen la suspensión de todos los acuerdos de cooperación con entidades israelíes mientras no se verifiquen avances hacia el cese de hostilidades y la rendición de cuentas por las acciones denunciadas. También reclaman que la universidad se pronuncie públicamente en defensa del derecho internacional y la protección de comunidades académicas en zonas de conflicto.
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Aclaran que su postura no responde a un posicionamiento ideológico ni a la adhesión a organizaciones armadas, sino a una demanda ética basada en los principios de justicia, paz y derechos humanos. Expresaron su solidaridad con la comunidad académica palestina, afectada por la destrucción de instituciones y la pérdida de vidas humanas en contextos de ataques militares.
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