El Tribunal de Apelaciones Especializado de Delitos Económicos confirmó al juez Humberto Otazú en la causa donde el principal acusado es el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Con esta decisión, hay vía libre para hacer la audiencia preliminar en el proceso que investiga supuestos desvíos de G. 306 millones en fondos municipales.
Higinio Ramón Acuña, uno de los procesados, recusó al juez de Delitos Económicos, alegando vinculación de este con la familia de los Zacarías Irún, enemigo político de Prieto. La defensa incluso hizo constar que el juez en un programa radial reconoció que su hijo es ahijado de la diputada Rocío Abed, esposa de Justo Zacarías Irún, lo que según argumentaron podría generar parcialidad en el proceso.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, conformado por los camaristas Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Gustavo Amarilla, explicaron que esto no puede ser tomado como motivo para apartar a un juez de una causa. Los magistrados sostuvieron que no surge una justificación válida para sostener la desconfianza, puesto que el vínculo admitido por el juez no se relaciona a los intervinientes en el proceso.
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Ahora, el caso volverá al magistrado Otazú, quien deberá fijar una nueva fecha de audiencia preliminar para continuar con el proceso judicial.
Detalles de la acusación fiscal
Según la Fiscalía, Miguel Prieto lideró supuestamente un esquema creado para desviar fondos, causando un perjuicio de más de G. 306 millones a las arcas municipales. La investigación del Ministerio Público apunta a irregularidades en la adquisición de productos y servicios que habrían beneficiado indebidamente a terceros en detrimento del patrimonio público.
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Según el intendente, sin embargo, sí se compraron los productos y se hicieron los panes correspondientes. Prieto sostiene que en la actualidad existe una planta de producción de alimentos en la Municipalidad que continúa funcionando, lo que demostraría la legitimidad de las compras cuestionadas por la fiscalía.
En la otra causa en contra de Prieto, está pendiente de confirmarse también fecha de audiencia preliminar. Allí la sospecha del Ministerio Público es por supuestos desvíos a través de cestas básicas de alimentos para personas de escasos recursos en plena pandemia, donde se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a G. 2.130 millones.
Fuente: Última Hora
