La Fiscalía de Argentina avanza en una causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral que involucra a varios sacerdotes del Opus Dei, entre ellos el reverendo Víctor Urrestarazu, actual vicario regional de la prelatura en Paraguay. La investigación se centra en supuestos abusos cometidos contra mujeres que formaban parte de centros pertenecientes a la organización religiosa.
El pasado 11 de junio, el Ministerio Público argentino reiteró el pedido de declaración indagatoria para cinco religiosos vinculados al caso. Además de Urrestarazu, la lista incluye al actual número dos del Opus Dei a nivel mundial, Mariano Fazio, y a otros exvicarios regionales con actuación directa en Buenos Aires.
Según los antecedentes del expediente, las víctimas habrían sido sometidas a jornadas de trabajo doméstico no remunerado, sin acceso a una vida autónoma, bajo una estructura que presuntamente restringía su libertad y sometía su voluntad mediante control psicológico y espiritual. Algunas de las denunciantes eran menores al momento de ingresar.
Una de las mujeres declaró ante la Fiscalía haber permanecido entre 1989 y 2015 en el centro Torrealta, Buenos Aires. Señaló que Urrestarazu era una de las máximas autoridades durante los años en que se produjeron los hechos denunciados. La acusación está caratulada como reducción a la servidumbre, conforme al Código Penal argentino.
Víctor Urrestarazu es de nacionalidad argentina, pero vivió gran parte de su vida en Paraguay, donde se desempeñó como docente, articulista y dirigente de instituciones vinculadas al Opus Dei. Fue ordenado sacerdote en 1997 y en 2001 asumió la dirección regional de la prelatura en Paraguay. En 2010 se trasladó a Buenos Aires y ocupó cargos regionales hasta 2022.
En 2021, un grupo de mujeres —incluidas 10 paraguayas— envió una carta al papa Francisco denunciando los abusos sufridos en centros del Opus Dei. Las firmantes aseguraron haber sido engañadas durante su adolescencia y explotadas laboralmente bajo promesas educativas incumplidas.
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Las víctimas tienen actualmente entre 40 y 60 años. Afirman que entre 1980 y 2000 realizaron trabajos en condiciones irregulares y sin compensación. La investigación continúa en etapa preliminar, sin fecha fijada para las declaraciones indagatorias solicitadas.
Hasta el momento, Urrestarazu no se ha pronunciado públicamente sobre las imputaciones. Esta redacción permanece abierta a recibir su versión. La causa sigue bajo instrucción en la justicia federal de Argentina.
Fuente: ABC Color
