Gianina García Troche, esposa del uruguayo Sebastián Marset, formalizó la incorporación de cuatro abogados paraguayos como parte de su defensa técnica. La mujer permanece privada de libertad en la prisión militar de Viñas Cué desde el 21 de mayo pasado, imputada por lavado de activos en el marco del operativo A Ultranza Py.
Los abogados Osvaldo Arrúa, Luis Samaniego, Balbino Garcete y Pablo Vera solicitaron oficialmente intervenir en la causa como defensores técnicos. La presentación fue realizada en los estrados judiciales, mientras aún no se ha aclarado si reemplazarán a los anteriores representantes o se sumarán como parte de un equipo ampliado.
Hasta la fecha, García Troche contaba con el patrocinio legal de Christian González y Hugo Núñez. Estos abogados habían gestionado beneficios procesales como la ampliación del régimen de visitas a favor de la procesada, que ahora puede recibir a sus hijos menores también los sábados.
La jueza Rosarito Montanía, a cargo del caso, no se ha pronunciado públicamente sobre el cambio de representantes. Por su parte, el abogado uruguayo Santiago Moratorio, principal defensor de García Troche en su país de origen, había cuestionado la reclusión de su clienta en Paraguay, alegando detención previa en Europa.
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García Troche fue capturada en España en julio de 2024 y posteriormente extraditada a Paraguay a solicitud del Ministerio Público. Según la acusación fiscal, formaba parte de la red de crimen organizado encabezada por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, en conexión directa con su esposo, el prófugo Sebastián Marset.
El operativo A Ultranza Py, desplegado desde 2022, constituye una de las mayores intervenciones contra estructuras de narcotráfico en el país. En dicho esquema, García Troche habría tenido un rol relevante en operaciones de lavado de dinero derivado del tráfico ilícito.
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La imputación que enfrenta prevé una pena privativa de libertad de entre cinco y quince años. El proceso sigue en etapa investigativa, con medidas cautelares vigentes, mientras la Fiscalía amplía diligencias sobre los bienes vinculados al matrimonio.
En paralelo, Estados Unidos mantiene activa una recompensa de hasta dos millones de dólares por datos que conduzcan a la detención o condena de Sebastián Marset, aún prófugo de la justicia internacional.
Fuente: Última Hora
