La Corte Suprema de Justicia aprobó una normativa interna que reglamenta la aplicación de sanciones disciplinarias contra abogados que utilicen maniobras dilatorias en procesos penales. La decisión fue tomada en sesión plenaria y apunta a dar herramientas claras a los jueces ante prácticas que retrasan injustificadamente las causas.
La medida regula los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal, y fue impulsada por la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal. La propuesta fue aprobada sin objeciones por los demás ministros de la Corte y entra en vigor con carácter obligatorio en todo el sistema penal.
La acordada que aprobó la Corte en su sesión plenaria que reglamenta los artículos 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal sobre sanciones disciplinarias en el proceso penal@observapy @1000_am pic.twitter.com/MHQDf46q5u
— Perla Silguero Zárate (@PerlaSilguero) July 16, 2025
Con esta disposición, los jueces podrán aplicar sanciones que incluyen apercibimientos y multas de hasta cien días de salario, en los casos en que se detecten conductas reiteradas de obstaculización. Antes de cualquier sanción, el magistrado deberá escuchar al abogado implicado, conforme al derecho a la defensa.
El documento responde a una situación recurrente en el fuero penal: causas paralizadas por años debido al uso abusivo de recursos, apelaciones sin fundamentos o pedidos reiterados que impiden el avance del juicio oral. La Corte busca así limitar el uso indebido de estas herramientas procesales.
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La acordada no restringe la posibilidad de presentar incidentes o recursos, pero establece que los jueces podrán sancionar cuando se demuestre que las acciones carecen de fundamento jurídico y se presentan con fines dilatorios. El objetivo es asegurar un proceso equilibrado y eficaz.
El nuevo reglamento busca mejorar la administración de justicia penal, evitar la impunidad por demoras injustificadas y reforzar el principio de buena fe en el desarrollo de los procesos. La Corte considera que esta herramienta ayudará a ordenar el sistema judicial y garantizar decisiones en plazos razonables.
Fuente: El Nacional
