El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general presentado por Guido Ramón Vargas, exsecretario municipal de Quyquyhó, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al diputado cartista Esteban Samaniego.
La decisión fue adoptada por los magistrados Arnulfo Arias, Mario Camilo Torres y Paulino Escobar, quienes ratificaron la continuidad del proceso judicial contra Vargas, actualmente bajo arresto domiciliario. La medida cautelar se mantiene debido a antecedentes de conductas procesales dilatorias.
Según la investigación, Vargas formaba parte del equipo de confianza de Samaniego cuando este se desempeñaba como intendente. El Ministerio Público sostiene que, durante esa gestión, se desvió la suma de G. 1.109 millones de la Municipalidad de Quyquyhó mediante un esquema de corrupción que involucra a familiares y allegados del legislador.
En el expediente también están acusadas la actual intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, esposa de Samaniego; Blanca Álvarez, madre del parlamentario; y otras doce personas. Pese a las imputaciones, el diputado no ha comparecido ante la justicia debido a sus fueros parlamentarios, mientras la Cámara de Diputados no trata los pedidos de desafuero en su contra.
El tribunal resaltó que el recurso interpuesto por Vargas carecía de fundamentos que justificaran su revisión. Además, se constató que el acusado presentó múltiples recusaciones y otras maniobras para dilatar el proceso, lo que llevó al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos a imponer el arresto domiciliario.
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En una situación similar se encuentra Enrique Javier Lovera Lezcano, exauxiliar administrativo de la Municipalidad de Quyquyhó y actual funcionario del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), también con arresto domiciliario por su presunta participación en el esquema.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la impunidad que rodea a ciertos actores políticos, dado que las investigaciones avanzan contra exfuncionarios y colaboradores, mientras que el principal señalado mantiene protección institucional. La falta de tratamiento del desafuero en la Cámara Baja es vista por sectores sociales como un obstáculo clave para el esclarecimiento de los hechos.
Fuente: ABC Color
