La bancada oficialista de Honor Colorado bloqueó la eliminación de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), entidad que maneja anualmente G. 125.000 millones sin rendir cuentas claras a los municipios que representa.
El proyecto impulsado por legisladores del PLRA, Tercer Espacio y disidentes colorados buscaba terminar con la intermediación que ejerce Opaci en la expedición de licencias de conducir y trámites de bienes raíces. Sin embargo, la mayoría cartista hizo valer su peso numérico para rechazar la iniciativa.
Rechazan eliminar intermediación de Opaci en expedición de licencias de conducir
(Redacción: Prensa – Dirección de Comunicación). Diputados rechazó el proyecto de ley “Que establece la eliminación de la intermediación de la Opaci en la expedición de licencias de conducir y en… pic.twitter.com/AFQKIr95F9
— Cámara de Diputados (@DiputadosPy) August 11, 2025
La organización, fuertemente vinculada a sectores del Partido Colorado, trabaja exclusivamente con intendencias de partidos tradicionales y se queda con importantes sumas de lo recaudado. En concepto de licencias de conducir cobra G. 10.500 por trámite, dinero que no se retribuye completamente a los municipios.
El diputado colorado Roberto González fue directo en sus críticas hacia Opaci durante el debate. “Todos saben la caja chica de quién es. Le volvió millonario a una familia entera o algunos colaterales más”, declaró sin mencionar nombres específicos.
González alertó sobre el daño reputacional que esta defensa corporativa genera al partido oficialista. “Me preocupa que la ciudadanía perciba que el ANR es el que protege a esta organización. Esto destiñe, daña la imagen del partido ante la ciudadanía”, advirtió.
El legislador Pedro Gómez, firmante del proyecto, cuestionó que Opaci realice campañas oftalmológicas en convenios con municipios, actividades que considera fuera de su competencia. Además, denunció que los G. 10.500 cobrados por cada licencia no retornan íntegramente a las comunas.
La diputada Rocío Vallejo criticó duramente la actitud del cartismo y pidió al presidente Santiago Peña reglamentar la “ley garrote” de control de organizaciones no gubernamentales para auditar a Opaci. “No es normal quedarse con la plata ajena”, enfatizó.
Durante un debate previo en la Comisión Antilavado, el director ejecutivo de Opaci, Nelson Peralta, confirmó que la organización maneja G. 50.000 millones en trámites de bienes raíces y recibe otros G. 75.000 millones anuales en transferencias municipales, equivalentes a aproximadamente USD 10 millones.
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Raúl Benítez también cuestionó a sus colegas cartistas por truncar la posibilidad de transparentar el destino de los recursos. “Evidentemente, Opaci duerme en la misma cama que están en el mismo lugar”, señaló en clara alusión a la protección política que recibe la entidad.
Los promotores del proyecto argumentan que Opaci arroga funciones exclusivas de los municipios según la Ley Orgánica Municipal, lo que haría inconstitucional su existencia. La organización actúa como intermediaria obligatoria en trámites que deberían manejarse directamente entre ciudadanos y comunas.
Fuente: ABC Color
