La Cámara de Diputados formalizó una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los camaristas del Alto Paraná Raúl Insaurralde Galeano, Efrén Giménez Vázquez y Marta Acosta Insfrán. La denuncia se fundamenta en la liberación del abogado Walter Acosta, imputado por agredir a la funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), Lourdes Sosa.
La presentación fue realizada por el abogado Máximo Medina, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara Baja, y se suma a la acusación presentada anteriormente por la Cámara de Senadores. El expediente pasó al Departamento de Asuntos Legales y a la Secretaría Jurídica del JEM para su análisis en sesión plenaria.
Los tres magistrados integran el Tribunal de Apelaciones, Primera Sala de la Sexta Circunscripción Judicial de Alto Paraná. Según la acusación, revocaron la orden de captura emitida contra Acosta pese a que este se encontraba declarado en rebeldía procesal.
El hecho que motivó la imputación se produjo durante una fiscalización en la estación de servicios 3 Fronteras, donde Acosta habría propinado una bofetada a Sosa, acompañada de expresiones intimidantes hacia otros funcionarios públicos. La fiscala Rocío González solicitó entonces su declaración de rebeldía y la emisión de la orden de captura, lo que fue admitido por el juez de Garantías de Santa Rita, Bernardo Silva Vera.
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A pesar de ello, el imputado presentó un recurso de apelación sin someterse previamente a la jurisdicción del tribunal. Los camaristas hicieron lugar al planteo, revocando la captura y habilitando su participación procesal desde la clandestinidad, hecho que, según la acusación, vulnera principios procesales y constitucionales.
El escrito presentado por Diputados sostiene que esta actuación contraviene el artículo 253 de la Constitución y disposiciones del Código Procesal Penal, además de evidenciar parcialidad e ignorancia de la ley. Alega que permitir que un prófugo litigue desde la ilegalidad equivale a institucionalizar la impunidad.
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La acusación solicita que el JEM admita el enjuiciamiento de los tres magistrados por mal desempeño en sus funciones y, eventualmente, se disponga su destitución. Se advierte que el precedente sentaría un grave riesgo para el respeto al debido proceso y la autoridad judicial.
El caso será evaluado por el pleno del JEM, que deberá decidir si abre o no el proceso contra los magistrados denunciados. La resolución que adopte podría tener impacto directo en otros procesos judiciales relacionados con imputados declarados en rebeldía.
Fuente: Última Hora
