El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso el archivo de la denuncia por el presunto perjuicio patrimonial de más de G. 1,6 billones en el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la gestión de Vicente Bataglia. La decisión se basó en la conclusión del Ministerio Público de que no existían elementos que configuraran una conducta penalmente relevante.
En un principio, Otazú había dado trámite de oposición a la petición fiscal, pero finalmente resolvió adherirse a la postura del Ministerio Público. La fiscala adjunta Soledad Machuca ratificó en diciembre pasado la desestimación solicitada por los fiscales Néstor Coronel, Jorge Arce y Luis Piñánez, quienes analizaron las observaciones de la Contraloría.
Según el magistrado, el informe de la Contraloría General de la República (CGR) se basó en una muestra parcial y no en el ejercicio fiscal completo de 2022, por lo que no constituye un soporte suficiente para iniciar una causa penal. Las cinco observaciones citadas fueron justificadas en sede fiscal, sin comprobarse un perjuicio económico directo al IPS.
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Uno de los puntos señalados en el reporte, la firma de un pagaré por un monto superior al aprobado por el Consejo de Administración, fue corregido con la suscripción de un nuevo documento de crédito en agosto de 2023. Con ello, el instrumento anterior quedó anulado, según detalla el dictamen del Ministerio Público.
El juez Otazú aclaró que la desestimación no cierra definitivamente la investigación, ya que si surgen nuevos elementos que modifiquen las circunstancias actuales, el caso podría reabrirse. De momento, el proceso queda archivado a pedido de la Fiscalía.
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La denuncia había sido presentada por la entonces senadora Kattya González, el diputado Rubén Benítez y el actual presidente del Consejo del IPS, Jorge Brítez, en base a los reportes de la Contraloría remitidos por el contralor general, Camilo Benítez. Además de Bataglia, fueron incluidos en la acusación varios exconsejeros de la previsional.
El informe de la Contraloría señalaba presuntas irregularidades en el manejo de líneas de crédito, pagos sin respaldo suficiente y diferencias en documentos financieros. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que los hechos fueron subsanados o justificados, por lo que no ameritaban un proceso penal.
Fuente: ABC Color
