La Corte Suprema de Justicia resolvió enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que permitiría a los jueces de Paz levantar embargos en causas con expedientes extraviados. La iniciativa busca brindar una solución legal a cientos de casos paralizados por falta de documentación física.
La propuesta, planteada por el ministro Alberto Martínez Simón, establece que durante la reconstitución de los expedientes, los magistrados puedan ordenar el levantamiento de embargos sobre sueldos, salarios u otros ingresos, con el fin de evitar perjuicios prolongados a las personas afectadas.
El planteamiento surge como una respuesta institucional en el marco del escándalo conocido como la mafia de los pagarés, que expuso debilidades estructurales en el sistema de gestión documental del Poder Judicial. Según el ministro, varios legisladores ya mostraron su interés en respaldar la propuesta.
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Martínez Simón precisó que el proyecto se remitirá a la comisión especial del Senado y a la Cámara de Diputados, donde ya se debate otro proyecto vinculado al mismo tema. Indicó que esta herramienta puede servir como complemento a otras iniciativas orientadas a superar el problema.
Durante la sesión plenaria, el ministro Víctor Ríos consultó si la medida abarca también al sector privado. Martínez Simón aclaró que la disposición aplicaría a los embargos salariales en general, sin distinción del origen laboral de los ingresos.
El ministro Eugenio Jiménez Rolón respaldó la iniciativa y recordó que en reuniones previas con parlamentarios ya se había contemplado la posibilidad de una ley de efectos transitorios. Sostuvo que sin una norma específica, el levantamiento genérico de embargos no tiene sustento legal.
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Jiménez Rolón mencionó además que existía un anteproyecto en desarrollo con aportes técnicos, el cual fue perfeccionado junto a Martínez Simón antes de su presentación al pleno de la Corte. Consideró que se trata de un paso más para contribuir a una salida jurídica viable.
Finalmente, el ministro subrayó que esta propuesta se suma a otras acciones impulsadas por el Poder Judicial, como la creación de nuevos juzgados y reformas procesales. El objetivo es enfrentar con mayor eficacia los casos relacionados con la utilización indebida de títulos de crédito.
Fuente: Última Hora
